La nueva plataforma para los MASC: un avance en la acreditación del requisito de procedibilidad

 Santiago Carretero Sánchez
Profesor Titular de Filosfía del Derecho

Abogado

La reciente conferencia impartida por Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, ha puesto de manifiesto una serie de reformas clave en la Administración de Justicia, con especial énfasis en los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). Entre las novedades anunciadas, destaca la inminente puesta en marcha de una plataforma digital denominada 'el punto de interoperabilidad de los MASC', diseñada para garantizar la acreditación del requisito de procedibilidad en estos procesos.

La Ley 1/2025, cuya entrada en vigor se prevé en varias fases, introduce la obligatoriedad de intentar una solución extrajudicial en materia civil y mercantil antes de acudir a los tribunales, salvo en determinadas excepciones como cuestiones de derechos fundamentales o menores. Esta reforma, según Olmedo, busca reducir la judicialización de los conflictos y fomentar la resolución negociada.

El impacto de la plataforma de interoperabilidad de los MASC

Uno de los aspectos más controvertidos en la aplicación de los MASC ha sido la dificultad para acreditar que las partes han intentado realmente una solución extrajudicial antes de litigar. Para solventar este problema, la nueva plataforma digital permitirá documentar el proceso de negociación, conciliación o mediación a través de un formulario normalizado. De esta manera, los tribunales podrán verificar de manera eficiente si se ha cumplido con el requisito de procedibilidad.

En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, podrán elevarlo a escritura pública, lo que le otorgará fuerza ejecutiva equivalente a la de una sentencia. En caso contrario, la parte demandante podrá presentar ante el tribunal de instancia la acreditación de que ha intentado recurrir a un MASC sin éxito.

Además, se prevé la creación de pequeñas unidades MASC donde los ciudadanos podrán informarse sobre las diferentes vías extrajudiciales disponibles en su territorio. Para los beneficiarios de justicia gratuita, estos mecanismos también estarán cubiertos por la administración.

La reforma del sistema de costas: una medida disuasoria

Otra de las novedades que introduce la Ley 1/2025 es la reforma del sistema de costas procesales. Hasta ahora, quien perdía el litigio sufragaba los gastos judiciales de la parte contraria. Sin embargo, con la nueva normativa, si el juez advierte que no se ha realizado un intento serio de resolución extrajudicial, podría imponer las costas incluso a la parte ganadora. Esta medida persigue evitar el abuso de la Justicia como servicio público y reforzar el uso de los MASC.

Tribunales de instancia: una reestructuración del modelo judicial

Otro eje fundamental de la reforma judicial es la transformación de los 3.931 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia, con el respaldo de oficinas de justicia en los municipios. Esta reestructuración busca optimizar los recursos judiciales y mejorar la eficiencia en la resolución de los procedimientos. Olmedo aseguró que este cambio no solo permitirá un ahorro económico, sino también una mejor distribución de la carga de trabajo y una unificación de criterios en primera instancia.

La iniciativa se enmarca dentro del 'Plan 2030', que tiene como objetivo modernizar la Justicia, haciéndola más ágil y accesible. En este contexto, también se está trabajando en la implementación de soluciones tecnológicas, como la plataforma Plavi para la liquidación de activos, y el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) para la lucha contra el blanqueo de capitales.

Financiación europea y retos pendientes

Las reformas judiciales cuentan con un importante respaldo financiero de la Unión Europea. A través de los fondos Next Generation, se han destinado 470 millones de euros a la modernización de la Justicia, incluyendo mejoras en eficiencia energética y desarrollo tecnológico. No obstante, a pesar de estas inversiones, la falta de jueces sigue siendo un problema estructural. Según el Consejo General del Poder Judicial y diversas asociaciones judiciales, es necesario un mayor refuerzo en el número de magistrados para garantizar una aplicación efectiva de estas reformas.

Conclusión

La inminente entrada en vigor de la Ley 1/2025 marca un cambio sustancial en la forma de concebir la resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil en España. La introducción de los MASC como paso previo obligatorio al litigio, la creación de la plataforma digital para acreditar su cumplimiento y la reforma del sistema de costas buscan descongestionar los tribunales y fomentar acuerdos extrajudiciales más efectivos. Sin embargo, la incertidumbre entre los operadores jurídicos sobre la implementación de estas medidas sigue presente, así como el reto de dotar al sistema de los recursos humanos necesarios para que la reforma sea viable.

Fuente: Revista Economist & Jurist, 28 de marzo de 2024 como fuente consultada por mí.