Reflexiones de un filósofo del Derecho sobre la independencia judicial (A propósito del artículo de Pablo Capel Dorado: "Conde-Pumpido llama legos a un montón de juristas)
Reflexiones de un filósofo del Derecho sobre la independencia judicial
(A propósito del artículo de Pablo Capel Dorado: "Conde-Pumpido llama
legos a un montón de juristas)
La independencia judicial constituye un pilar esencial del
Estado de Derecho, garantizando que las decisiones jurisdiccionales se adopten
sin injerencias externas y conforme a la legalidad vigente. Sin embargo,
recientes acontecimientos han suscitado un debate sobre la percepción y
ejercicio de dicha independencia en nuestro sistema jurídico.
En su artículo publicado en Economist & Jurist,
Pablo Capel Dorado critica el voto particular del magistrado del Tribunal
Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en la sentencia que declaró
inconstitucional el decreto regulador del primer estado de alarma. Capel señala
que Conde-Pumpido descalifica a sus colegas al calificar la resolución
mayoritaria como "más propia de un lego o de un jurista de salón que del
máximo intérprete de la Constitución", cuestionando así la competencia
jurídica de sus compañeros magistrados. Además, el magistrado argumenta que la
sentencia "no resuelve, sino que crea un grave problema político, al
desarmar al Estado contra las pandemias", sugiriendo que el Tribunal
debería considerar las consecuencias políticas de sus decisiones.
Estas afirmaciones
plantean interrogantes sobre la concepción del rol del Tribunal Constitucional
y la función de sus magistrados. Desde una perspectiva kelseniana, el Tribunal
debe actuar como un órgano técnico y especializado, encargado de garantizar la
supremacía de la Constitución mediante el control de constitucionalidad de las
normas. La introducción de consideraciones políticas en las decisiones
jurisdiccionales puede comprometer la objetividad y neutralidad que deben
caracterizar al órgano de garantías constitucionales.
Por otro lado, el propio Conde-Pumpido ha defendido
públicamente la independencia judicial y la necesidad de que los jueces y
magistrados actúen sin presiones políticas ni económicas, recordando que
"las leyes están para cumplirse" y que "el Estado de Derecho, el
imperio de la ley y la división de poderes son más que principios, son los
cimientos sobre los cuales construimos nuestra sociedad". Estas
declaraciones resaltan la importancia de mantener la separación de poderes y la
autonomía del Poder Judicial.
No obstante, la aparente contradicción entre las
declaraciones públicas del magistrado y su voto particular en la mencionada
sentencia genera preocupación en la comunidad jurídica. La coherencia entre el
discurso y la práctica es fundamental para preservar la confianza en las
instituciones judiciales y garantizar el respeto al principio de legalidad.
En conclusión, es imperativo que los miembros del Tribunal
Constitucional y, en general, todos los operadores jurídicos, ejerzan sus
funciones con estricto apego a la Constitución y las leyes, evitando que
consideraciones políticas influyan en sus decisiones. Solo así se podrá
asegurar la independencia judicial y, con ello, la vigencia efectiva del Estado
de Derecho en nuestra sociedad. Es muy grave para un Estado de Derecho que el
criterio político se equipare al Constitucional, exclusivamente jurídico, y se
está a la espera de lo que este TC pueda resolver en la Ley de Amnistía, donde
no debe pensar en las consecuencias políticas de su decisión, sino en la
consecuencias jurídicas de la aplicación de una norma contraria a la
Constitución como ya toda la comunidad jurídica en su conjunto, salvo
excepciones interesadas, sostiene.
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