La IA ante el Tribunal de Justicia: el caso búlgaro sobre decisiones automatizadas
La IA ante el Tribunal de Justicia: el caso búlgaro sobre decisiones automatizadas
En noviembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recibió una petición de decisión prejudicial procedente del Sofia District Court (asunto C‑806/24), relativa a la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) en el contexto de decisiones automatizadas adoptadas por empresas privadas.
Un conflicto entre automatización y derechos del consumidor
El litigio se originó cuando un consumidor búlgaro impugnó el cálculo automático de tarifas aplicado por una compañía de telecomunicaciones. Alegó que el sistema utilizado constituía un sistema de decisión automatizada sujeto a las obligaciones del AI Act y a los derechos previstos en la normativa europea de protección al consumidor.
El tribunal búlgaro formuló diecisiete cuestiones prejudiciales ante el TJUE, entre ellas la posible colisión entre la autonomía tecnológica empresarial y los derechos de información, transparencia y revisión humana del consumidor. Se trata de la primera vez que el TJUE examina de forma directa el alcance del AI Act desde la perspectiva del Derecho de consumo.
Qué consecuencias tiene o tendrá este fallo judicial europeo
La resolución que adopte el TJUE será decisiva para delimitar cuándo un proceso automatizado constituye una decisión de alto riesgo y qué deberes concretos pesan sobre los operadores económicos que utilizan algoritmos para fijar precios, aprobar contratos o evaluar comportamientos de usuarios.
En el ámbito español, la doctrina deberá observar este precedente con especial atención, ya que anticipa conflictos entre el AI Act, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley Orgánica de Protección de Datos. También ofrece un punto de partida para integrar la noción de revisión humana efectiva dentro del Derecho civil contractual.
Más allá del caso concreto, el asunto C‑806/24 refleja la transición del Derecho europeo hacia un control jurisdiccional más activo sobre la inteligencia artificial, en el que los tribunales nacionales comienzan a ser protagonistas de la interpretación tecnológica del Derecho.
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