Corea del Sur y la regulación integral de la Inteligencia Artificial: emergente “AI Basic Act”

 

Corea del Sur y la regulación integral de la Inteligencia Artificial: emergente “AI Basic Act”

 

Santiago Carretero Sánchez

Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos

 

1. Introducción normativa

 

En enero de 2026, la República de Corea implementa de manera efectiva un marco legal integral para regular la inteligencia artificial: la denominada AI Basic Act o Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of a Foundation for Trustworthiness. Esta ley emerge tras su aprobación parlamentaria en diciembre de 2024 y su promulgación formal en enero de 2025, y constituye una de las primeras normas del mundo en articular, dentro de un único estatuto, objetivos de regulación jurídica, promoción industrial y gobernanza estratégica de la inteligencia artificial.

 

Desde una perspectiva comparada, Corea del Sur y la Unión Europea representan dos modelos de referencia en la regulación de la IA. Mientras que la Unión Europea fue pionera en la aprobación de un marco jurídico específico, el modelo coreano destaca por su rápida implementación práctica, situando a Corea como una de las primeras jurisdicciones en aplicar de forma operativa y obligatoria un régimen jurídico comprensivo de inteligencia artificial a partir de enero de 2026.

 

2. Estructura y objeto de la ley

 

El AI Basic Act se configura como una ley marco de alcance general, orientada simultáneamente a impulsar el desarrollo tecnológico y a gestionar los riesgos asociados al uso de sistemas de inteligencia artificial. La norma integra bajo una misma estructura finalidades diversas pero complementarias, propias de una concepción estratégica de la IA como infraestructura esencial para el desarrollo económico y social.

 

Entre los objetivos principales de la ley se encuentran, en primer lugar, la gobernanza y coordinación estatal de la política de inteligencia artificial, mediante la elaboración de planes maestros y la creación de comités especializados bajo la dirección del Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación. En segundo término, la promoción industrial y el apoyo al desarrollo tecnológico, con especial atención a la formación de talento, el acceso a datos y la expansión de infraestructuras digitales. Finalmente, la ley incorpora un conjunto de garantías orientadas a reforzar la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de IA que puedan afectar de manera significativa a derechos fundamentales, a la salud pública o a servicios esenciales.

 

La noción de sistemas de inteligencia artificial de “alto impacto” constituye el eje central del modelo regulatorio. Se trata de una categoría definida de forma funcional, que engloba aquellos sistemas cuyo fallo, uso indebido o funcionamiento incorrecto podría generar consecuencias graves en ámbitos como la salud, la energía, el transporte, los servicios públicos o la adopción de decisiones automatizadas con efectos jurídicos relevantes.

 

3. Obligaciones jurídicas y régimen de cumplimiento

 

El régimen de cumplimiento previsto por el AI Basic Act se articula fundamentalmente en torno a obligaciones de gestión del riesgo y de transparencia. Para los sistemas de alto impacto, la ley exige la realización de evaluaciones de riesgo rigurosas, así como la adopción de medidas de prevención y gestión de contingencias a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema.

 

Asimismo, se imponen deberes de información a los usuarios cuando se empleen sistemas de inteligencia artificial susceptibles de producir efectos relevantes, junto con obligaciones de transparencia y explicabilidad de las decisiones automatizadas, especialmente en relación con sistemas de generación de contenido. La norma contempla también la exigencia de designar representantes legales locales para los proveedores extranjeros que desplieguen tecnologías de IA en el mercado coreano, reforzando así la efectividad del control administrativo.

Este enfoque jurídico combina requisitos de conducta con incentivos regulatorios y mecanismos de coordinación público-privada. No obstante, la concreción técnica de muchas de estas obligaciones queda remitida a normas reglamentarias posteriores, lo que pone de relieve el carácter abierto y evolutivo del modelo normativo adoptado.

 

4. Críticas y discusiones doctrinales

 

La aprobación del AI Basic Act ha generado un debate doctrinal significativo. Desde el ámbito empresarial, se ha señalado que la amplitud de algunas definiciones, en particular la relativa a los sistemas de alto impacto, puede traducirse en cargas regulatorias relevantes para pequeñas y medianas empresas tecnológicas, con el consiguiente riesgo de afectar a la innovación.

Por otro lado, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos han advertido que la ley no incorpora referencias suficientemente explícitas a determinados riesgos, como la vigilancia biométrica masiva o los sesgos algorítmicos, remitiendo su tratamiento a normas de desarrollo o a políticas sectoriales. Estas críticas reflejan una tensión característica de los marcos regulatorios emergentes: la dificultad de equilibrar, de manera precisa, la protección de derechos, la seguridad jurídica y la flexibilidad necesaria para acompañar la evolución tecnológica.

 

5. Conclusión y relevancia para el Derecho contemporáneo

La entrada en vigor del AI Basic Act de Corea del Sur en enero de 2026 constituye un hito relevante en la regulación estatal de la inteligencia artificial. Su condición de norma pionera en la implementación práctica de un marco integral convierte a este modelo en un referente obligado para el análisis comparado del Derecho de la tecnología.

Desde una perspectiva doctrinal, la ley ilustra cómo un ordenamiento jurídico puede articular obligaciones de seguridad y transparencia con una promoción activa de la innovación tecnológica, obligando a la teoría jurídica contemporánea a profundizar en conceptos como el de “alto impacto”, la responsabilidad algorítmica y la interacción entre normas nacionales y actores globales en un entorno digital cada vez más interconectado.