El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y la consolidación de un ecosistema normativo dual
Autor: Santiago Carretero
Profesor Titular de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos
El inicio de 2026 confirma que la inteligencia artificial ha dejado de ser un ámbito de autorregulación técnica para convertirse en un objeto central de intervención jurídica. El eje de este proceso en Europa es el Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que continúa desplegando su calendario de aplicación progresiva y se consolida como el marco normativo estructural de referencia en la Unión Europea.
El AI Act no entra en vigor de forma uniforme. Desde 2024 ya resultan aplicables determinadas disposiciones generales, prohibiciones de prácticas de riesgo inaceptable y obligaciones de gobernanza institucional. No obstante, el núcleo más exigente del Reglamento, especialmente el relativo a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, se aplicará de forma escalonada hasta 2027. Este diseño normativo responde a una lógica de transición regulatoria, destinada a permitir la adaptación técnica y organizativa de operadores públicos y privados.
Desde la perspectiva de la práctica jurídica, este proceso coincide con la proliferación de normas estatales y subestatales en otros ordenamientos, particularmente en Estados Unidos, donde distintos Estados han aprobado legislación específica sobre transparencia algorítmica, uso responsable de la IA y protección frente a contenidos sintéticos engañosos. El resultado es la configuración de un auténtico ecosistema normativo dual, caracterizado por la concurrencia de obligaciones locales y supranacionales que deben ser evaluadas de manera integrada.
En este contexto, el cumplimiento normativo en materia de inteligencia artificial deja de ser una cuestión meramente tecnológica para convertirse en un problema jurídico transversal. Bufetes de abogados, asesorías jurídicas internas y operadores económicos se ven obligados a analizar simultáneamente el alcance territorial de cada norma, la clasificación jurídica de los sistemas de IA utilizados y las obligaciones específicas que se derivan de cada marco regulatorio.
Esta evolución normativa impulsa de forma directa la aparición y consolidación de perfiles especializados en cumplimiento normativo de IA, capaces de articular respuestas jurídicas que integren derecho europeo, derecho comparado y conocimiento técnico suficiente para dialogar con desarrolladores y responsables de sistemas automatizados. La práctica jurídica de la inteligencia artificial se configura así como un ámbito propio, con identidad diferenciada dentro del Derecho tecnológico contemporáneo.
Comentarios
Publicar un comentario