Hacia una gobernanza científica global de la inteligencia artificial: el nuevo panel independiente de la ONU
Hacia una gobernanza científica global de la inteligencia artificial: el nuevo panel independiente de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas ha dado un paso cualitativamente relevante en la arquitectura internacional de la gobernanza de la inteligencia artificial al anunciar, el 5 de febrero de 2026, la creación de su primer Panel Científico Independiente sobre Inteligencia Artificial. No se trata de un órgano político ni de un foro meramente consultivo, sino de una instancia de carácter técnico-científico llamada a desempeñar un papel estructural en la definición de estándares, riesgos y principios comunes aplicables al desarrollo y uso de sistemas de IA a escala global.
Desde una perspectiva jurídica, la iniciativa responde a una constatación ampliamente compartida: el desfase entre la velocidad de la innovación tecnológica y la capacidad normativa de los Estados. La IA, especialmente en sus modalidades generativas y de uso general, está produciendo efectos transversales sobre derechos fundamentales, procesos democráticos, mercados laborales y sistemas judiciales, sin que exista todavía un marco internacional coherente y mínimamente armonizado.
El nuevo panel se concibe como un órgano independiente, multidisciplinar y basado en evidencia científica, integrado por expertos en informática, ética, derecho, economía y ciencias sociales. Su función principal será elaborar informes periódicos sobre los riesgos sistémicos de la IA, las mejores prácticas regulatorias y los impactos sociales y jurídicos de su despliegue, sirviendo de referencia para los Estados, las organizaciones internacionales y, de forma indirecta, para los legisladores nacionales y regionales.
Desde el punto de vista del Derecho internacional público, esta iniciativa recuerda —aunque con diferencias notables— al papel que desempeña el IPCC en materia de cambio climático. No crea obligaciones jurídicas directas, pero sí genera autoridad epistémica, esto es, conocimiento experto que condiciona de facto la producción normativa, la interpretación jurídica y la legitimidad de las políticas públicas. En el ámbito de la IA, donde la técnica precede al Derecho, esta autoridad resulta especialmente relevante.
La creación del panel se inscribe, además, en un contexto normativo fragmentado. Mientras la Unión Europea ha avanzado con el Reglamento de Inteligencia Artificial, otros Estados optan por enfoques sectoriales, autorregulatorios o claramente laxos. La ausencia de un mínimo común global plantea problemas clásicos del Derecho: forum shopping regulatorio, deslocalización tecnológica y desigual protección de derechos fundamentales. El panel de la ONU aspira precisamente a ofrecer una base científica común que permita reducir estas asimetrías.
Especial interés reviste el impacto potencial del panel en ámbitos como la responsabilidad por daños causados por sistemas de IA, la protección de datos personales, la no discriminación algorítmica o el uso de IA en contextos de seguridad y justicia penal. Aunque sus informes no tengan fuerza vinculante, es previsible que sean citados en procesos legislativos, documentos preparatorios, dictámenes consultivos e incluso resoluciones judiciales, reforzando su influencia jurídica indirecta.
No debe pasarse por alto, finalmente, la dimensión institucional del proyecto. La ONU reconoce implícitamente que la gobernanza de la IA no puede quedar exclusivamente en manos de actores privados ni de potencias tecnológicas dominantes, y que el conocimiento científico independiente constituye un contrapeso necesario frente a intereses económicos y geopolíticos. Desde esta óptica, el panel representa un intento de reequilibrar el poder normativo en la era algorítmica.
En definitiva, la puesta en marcha de este Panel Científico Independiente marca un punto de inflexión en la construcción de un Derecho global de la inteligencia artificial, todavía incipiente pero cada vez más inevitable. Para los juristas, y muy especialmente para el ámbito académico, se abre un espacio fértil de análisis, crítica y propuesta, en el que la ciencia y el Derecho están llamados a dialogar de forma permanente.
Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
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