Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial: eficiencia administrativa y garantías jurídicas

La reciente aprobación de la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial representa un hito relevante en el proceso de transformación del sector público español. No se trata únicamente de una norma orientada a la modernización tecnológica de la Administración, sino de un texto con claras implicaciones jurídicas en materia de procedimiento administrativo, derechos de la ciudadanía y control del poder público cuando este se apoya en sistemas automatizados.

La norma impulsa el uso de sistemas de inteligencia artificial para la gestión de trámites administrativos de baja complejidad, con el objetivo de reducir plazos y cargas burocráticas. Desde una perspectiva jurídico-administrativa, esta orientación obliga a revisar categorías clásicas como la motivación del acto administrativo, la imputación de la decisión y la responsabilidad cuando el resultado del procedimiento está mediado por un sistema algorítmico.

Especial relevancia adquiere la creación de un Comité de Ética para el uso de la inteligencia artificial en la Administración. Este órgano introduce un mecanismo de supervisión orientado a garantizar el respeto a principios como la transparencia, la no discriminación, la proporcionalidad y la protección de datos personales, conectando directamente con las exigencias del Derecho de la Unión Europea y, en particular, con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.

La ley refuerza asimismo el deber de información al ciudadano, que debe conocer cuándo interactúa con un sistema automatizado y cuándo con una persona física. Este elemento resulta esencial para preservar el derecho a la defensa, la posibilidad de impugnación y la exigencia de revisión humana de las decisiones automatizadas, evitando una delegación acrítica del poder decisorio en sistemas de inteligencia artificial.

En conjunto, la norma consolida una tendencia clara: la inteligencia artificial pasa de ser un instrumento auxiliar a convertirse en un elemento estructural de la actuación administrativa. Ello exige al jurista y al operador jurídico una actualización constante, tanto técnica como conceptual, para garantizar que la eficiencia administrativa sea compatible con las garantías propias del Estado de Derecho.

notas de la consulta pública del Anteproyecto en 27 de noviembre de 2025

Santiago Carretero Sánchez
Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos

Referencia (formato APA)

Europa Press. (2026, 9 de febrero). Un Comité de Ética o trámites ciudadanos en 5 minutos, claves de la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial. Recuperado de https://www.europapress.es