Litigiosidad por usos indebidos de la inteligencia artificial


 

Litigiosidad por usos indebidos de la inteligencia artificial

Por Santiago Carretero Sánchez, Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos

La progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la actividad económica, administrativa y profesional está generando un incremento sostenido de reclamaciones jurídicas derivadas de usos indebidos, opacos o insuficientemente conformes al ordenamiento. Este fenómeno no responde a una reacción coyuntural, sino a una consecuencia estructural del impacto de la IA en procesos decisorios que afectan directamente a derechos e intereses legítimos.

En el ámbito europeo, buena parte de esta litigiosidad se articula actualmente a través del Reglamento General de Protección de Datos, dada su aplicabilidad directa y la amplitud de los derechos que reconoce frente a tratamientos automatizados, elaboración de perfiles y decisiones basadas exclusivamente en sistemas algorítmicos. En estos supuestos, la inteligencia artificial no constituye una categoría jurídica autónoma, sino un factor de riesgo añadido dentro de marcos normativos ya consolidados.

Desde la perspectiva de la responsabilidad civil, uno de los principales desafíos reside en la identificación del sujeto responsable y del nexo causal. La complejidad técnica y la limitada transparencia de muchos sistemas dificultan la imputación del daño y obligan a replantear criterios clásicos de diligencia y previsibilidad, lo que explica la creciente relevancia de litigios orientados a fijar estándares interpretativos.

La entrada en aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial introduce un enfoque preventivo basado en la clasificación de riesgos y en obligaciones reforzadas de gobernanza, documentación y supervisión humana. Lejos de eliminar la conflictividad, este marco se superpone al RGPD y a los regímenes nacionales de responsabilidad, configurando un escenario de imputación jurídica multinivel.

El aumento de reclamaciones vinculadas al uso de la inteligencia artificial confirma que el conflicto jurídico será un elemento permanente del ecosistema digital. En este contexto, el papel del jurista adquiere una dimensión esencialmente preventiva: interpretar de forma sistemática el nuevo marco normativo y anticipar riesgos antes de que se materialicen en controversias.

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