🎙️ GUION PODCAST Deepfakes, menores y acoso escolar: la respuesta jurídica emergente del sistema educativo español

 

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Deepfakes, menores y acoso escolar: la respuesta jurídica emergente del sistema educativo español

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La inteligencia artificial ha introducido una nueva dimensión en el acoso escolar: la capacidad de generar contenidos falsos con apariencia real, especialmente imágenes o vídeos manipulados, conocidos como deepfakes.

En este contexto, el reciente protocolo estatal contra el acoso escolar impulsado en España marca un punto de inflexión: por primera vez, se reconoce expresamente el uso de inteligencia artificial como instrumento de violencia entre menores.

Este reconocimiento no es menor. Supone la entrada formal del fenómeno en el ámbito de la política pública educativa, pero también abre interrogantes jurídicos de gran calado.

Desde el punto de vista normativo, el encaje del deepfake en el ordenamiento español no se articula a través de una única figura, sino mediante una construcción transversal.

En primer lugar, en el ámbito civil, debemos acudir a la protección del derecho fundamental a la propia imagen, consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. La creación y difusión de imágenes falsas de un menor, aunque no correspondan a su cuerpo real, puede constituir una intromisión ilegítima, al proyectar una apariencia verosímil que afecta a su reputación y dignidad.

En segundo lugar, la dimensión de protección de datos resulta esencial. La utilización de la imagen de un menor, incluso manipulada, puede implicar tratamiento de datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos, especialmente cuando permite identificar directa o indirectamente a la víctima. A ello se suma la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que refuerza la protección en el entorno digital.

En tercer lugar, el plano penal adquiere especial relevancia. Dependiendo del contenido generado, los hechos pueden subsumirse en distintos tipos del Código Penal:

• delitos contra la integridad moral (art. 173)
• delitos contra la intimidad (art. 197)
• e incluso pornografía infantil (art. 189), cuando se generan imágenes de carácter sexual de menores, aunque sean artificiales

Este último punto es particularmente controvertido, ya que plantea si la inexistencia de un cuerpo real excluye o no la tipicidad penal. La tendencia doctrinal y jurisprudencial más reciente se inclina por no excluirla, atendiendo al bien jurídico protegido: la indemnidad sexual del menor.

El protocolo estatal introduce además elementos de gobernanza relevantes. Prevé la creación de un registro unificado de casos, así como la cooperación con organismos especializados como la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Sin embargo, presenta una limitación estructural: carece de carácter vinculante, debido al reparto competencial en materia educativa entre el Estado y las comunidades autónomas. Esto plantea un riesgo claro de fragmentación normativa y desigualdad en la protección de los menores.

Desde una perspectiva de Derecho europeo, este fenómeno conecta directamente con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que, aunque no regula específicamente el acoso escolar, sí introduce obligaciones de transparencia en sistemas capaces de generar contenido sintético, lo que podría ser relevante para la trazabilidad de los deepfakes.

En definitiva, nos encontramos ante un fenómeno que desborda las categorías jurídicas tradicionales. El deepfake en el ámbito escolar no es solo una nueva forma de acoso: es un problema sistémico que exige coordinación entre Derecho civil, penal, administrativo y tecnológico.

La respuesta normativa existe, pero está dispersa. El verdadero reto reside ahora en su integración efectiva, en la formación de los operadores jurídicos y educativos, y en la adaptación de los mecanismos probatorios a entornos donde lo real y lo artificial son cada vez más difíciles de distinguir.

Porque en la era de la inteligencia artificial, proteger al menor ya no es solo evitar el daño físico o verbal. Es también proteger su identidad digital frente a realidades que nunca ocurrieron, pero que pueden destruir reputaciones como si fueran ciertas.