EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO COMO OBSTÁCULO PARA LA ABOGACÍA EN LA ACTUALIDAD

 Santiago Carretero 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Abogado

La reciente denuncia formulada por el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, pone de manifiesto una preocupante asimetría en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE). La falta de ordenación cronológica y foliación del expediente digital para los abogados, en contraste con la organización de la que disponen jueces y fiscales, supone una vulneración evidente del principio de igualdad de armas recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, es algo que está viviendo la clase de la abogacía a diario y ello, donde está implementado.

El principio de igualdad de armas garantiza que todas las partes en un proceso judicial dispongan de los mismos medios y oportunidades para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, en el actual diseño del EJE, los abogados se encuentran en una situación de desventaja al carecer de herramientas que permitan una consulta ordenada y eficaz de los documentos procesales. La imposibilidad de referenciar de manera precisa una prueba o actuación concreta dentro del procedimiento judicial afecta directamente a la seguridad jurídica y al derecho a un proceso con todas las garantías.

Este problema no es menor, pues afecta a derechos fundamentales reconocidos en diversos instrumentos normativos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, del Derecho de Defensa. En su artículo 3.2, esta norma establece que debe garantizarse la igualdad de las partes y la efectividad de los medios de defensa, lo que se ve claramente menoscabado en la actual configuración del EJE.

Cabe recordar que la ya derogada Ley 18/2011 preveía la necesidad de dotar al expediente electrónico de un índice que asegurase su integridad y trazabilidad. No obstante, la regulación actual sigue siendo insuficiente, generando incertidumbre sobre su implementación y sobre su impacto en el ejercicio de la abogacía, no se está implementando y es en estos momentos un obstáculo para la abogacía.

Desde el ICAM, el más grande de España y de los de Europa, se ha instado a que esta situación se corrija a través del Proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que podría establecer los mecanismos normativos adecuados para garantizar la igualdad de acceso al expediente electrónico para todos los operadores jurídicos. Además, se ha denunciado la exclusión de la abogacía y la procura del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia, lo que refleja una preocupante falta de consideración hacia quienes representan los intereses de los ciudadanos ante los tribunales.

Este es solo uno de los muchos retos que enfrenta la abogacía en el marco de la digitalización de la justicia. La inclusión de la abogacía en los procesos de toma de decisiones, la garantía de confidencialidad y seguridad en la información judicial, la interoperabilidad de los sistemas y la protección frente a fallos tecnológicos son algunas de las demandas que deben ser atendidas para que la digitalización del sistema judicial no se convierta en un factor de desigualdad, sino en una herramienta que refuerce el acceso efectivo a la justicia. La llamada justicia digital no será tal si no cuenta con el concurso de todos los operadores jurídicos: la abogacía es fundamental, decisiva, para ello.