Transformación Digital en el Sector Público: El Papel Clave de la Inteligencia Artificial

 La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sector público se perfila como un catalizador esencial para la modernización de las administraciones públicas. Concepción Campos, reconocida jurista y directiva pública con más de dos décadas de experiencia, sostiene que la IA es una herramienta clave para transformar digitalmente la Administración y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos al ciudadano, creemos que sí que es esencial dar este salto para el bien público, el antiguo bien común hoy interés general.

La implementación de la IA puede optimizar los servicios públicos, simplificar procedimientos administrativos y fomentar el desarrollo económico mediante una gestión eficiente de los datos. No obstante, la importancia de que esta adopción tecnológica se realice bajo principios éticos y responsables, garantizando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

En el ámbito regulatorio, la aprobación del Reglamento de IA en agosto de 2024 establece un marco normativo que obliga a empresas y administraciones a eliminar sistemas de IA prohibidos desde el 2 de febrero de 2025. La necesidad de una adaptación diligente a estas normativas, no solo para evitar sanciones, sino para asegurar una protección efectiva de los derechos ciudadanos frente a las nuevas tecnologías.

La relevancia de la formación y la concienciación en el uso de la IA dentro del sector público tiene que ser general. Es fundamental que los responsables de gestionar estas herramientas comprendan su funcionamiento y aplicaciones, promoviendo una cultura de transparencia y ética en su implementación. Además, existe una urgencia de abordar la brecha digital y los posibles sesgos algorítmicos, especialmente en áreas despobladas o entre colectivos vulnerables, para garantizar una equidad en el acceso y uso de los servicios públicos.

La Asociación de Mujeres en el Sector Público, presidida por Campos, está comprometida con estos desafíos. En su próximo congreso anual, previsto para mayo en Bilbao, se abordarán temáticas relacionadas con la IA, incluyendo la protección de datos y la equidad de género en el contexto digital. Este foro busca ser un espacio de reflexión y propuesta de soluciones para una implementación justa y efectiva de la IA en las administraciones públicas, se informa en Economist & Jurist.

En resumen, la integración de la inteligencia artificial en el sector público representa una oportunidad sin precedentes para la modernización administrativa y la mejora de los servicios al ciudadano. Sin embargo, su éxito dependerá de una adopción ética, una regulación adecuada y una formación continua de los profesionales involucrados, asegurando que la tecnología esté al servicio de la sociedad en su conjunto.

El legislador español ha promulgado diversas normativas para impulsar la digitalización en la Administración Pública. A continuación, se detallan algunas de las más destacadas:

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Esta ley establece la obligatoriedad de que las administraciones públicas interactúen electrónicamente con los ciudadanos y empresas, promoviendo la digitalización de los procedimientos administrativos.

2. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo: Aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, detallando las condiciones para la implementación de servicios digitales en las administraciones públicas.

   
   

3. Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre: Desarrolla un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, estableciendo una estrategia global de transformación digital.

   
   

4. Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025: Aunque no es una ley, este plan estratégico se enmarca dentro de la Agenda España Digital 2026 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los servicios públicos para ciudadanos y empresas.

   
   

5. Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia: Aprobada en diciembre de 2024, esta ley incluye reformas organizativas y procesales para modernizar la justicia en España, destacando la creación de tribunales de instancia y oficinas de justicia en municipios, permitiendo la realización de trámites telemáticamente.