La modernización de la Justicia en España y el papel crucial de la Abogacía
En el marco del XI Congreso de Enatic, celebrado recientemente, Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), destacó el papel fundamental de la abogacía en la transformación digital del sistema judicial español. En su intervención, subrayó la importancia de una implementación efectiva de las nuevas tecnologías, la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal y la formación continua de los operadores jurídicos, voy a resumir lo más importante de su intervención que recoge Economist&Jurist de hoy 4 de marzo de 2025.
El papel de la abogacía en la digitalización de la Justicia
Enfatizó que los abogados con competencias digitales son actores clave en la modernización de la Justicia, ya que trabajan de manera transversal con las distintas administraciones. Desde la Subcomisión de Justicia Digital del CGAE, se mantienen reuniones periódicas con la Dirección de Transformación Digital del Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas para evaluar y mejorar las herramientas tecnológicas en los órganos judiciales.
Uno de los desafíos señalados por Hermosa es la falta de representación de la abogacía en el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE), órgano clave en el desarrollo de la Justicia digital en España. La ausencia de los abogados en este foro pone en riesgo la adecuación de las herramientas tecnológicas a las necesidades reales de los profesionales y de los ciudadanos, este punto parece crucial y estratégico para el planteamiento de la Estrategia europea de la Justicia.
Interoperabilidad y acceso al expediente judicial electrónico
Uno de los problemas estructurales de la digitalización de la Justicia en España es la fragmentación de los sistemas de gestión procesal en las distintas comunidades autónomas. Hermosa destacó la necesidad de garantizar la interoperabilidad entre estos sistemas para evitar situaciones de indefensión derivadas de la falta de acceso completo y en tiempo real al expediente judicial electrónico.
En este sentido, criticó las disfunciones que presenta el visor Horus en territorios donde no es plenamente compatible con los sistemas autonómicos. La modernización tecnológica de la Justicia debe garantizar que los abogados puedan acceder de manera ágil y eficiente a la documentación procesal, respetando el derecho a la tutela judicial efectiva, esto no está ocurriendo y es algo preocupante.
Formación y ciberseguridad: pilares de la transformación digital
El CGAE ha impulsado un ambicioso plan de formación en competencias digitales para la abogacía, con el objetivo de dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para utilizar herramientas como la inteligencia artificial o el big data en el ejercicio de su actividad.
Asimismo, la ciberseguridad se ha convertido en una cuestión prioritaria. Hermosa advirtió sobre el incremento de los ciberdelitos y la necesidad de que los despachos implementen políticas de protección de datos y seguridad informática. La responsabilidad de la abogacía en este ámbito no solo se limita a la protección de sus propios sistemas, sino también a la sensibilización de los ciudadanos sobre los riesgos asociados a los fraudes digitales en una mentalización o concienciación colectiva del problema.
Hacia un modelo de Justicia eficiente y coordinado
La reforma de la Justicia en España, impulsada por la Ley 1/2025 de eficiencia organizativa, plantea importantes retos en materia tecnológica. Para que la modernización sea efectiva, no basta con la implantación de nuevas herramientas digitales, sino que es imprescindible una adecuada dotación presupuestaria y un plan de formación específico para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados, a mi me parece que esto es básico, pero la diversidad de Inteligencias Artificiales, siempre las tomo en plural, puede hacer esa formación más un deseo que una realidad.
Además, Hermosa insistió en la necesidad de una mayor coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en el desarrollo de los sistemas de gestión procesal. La cogobernanza y el diálogo con todos los operadores jurídicos serán determinantes para garantizar que la digitalización de la Justicia no genere nuevas barreras de acceso ni desigualdades entre territorios.
En conclusión, la abogacía debe desempeñar un papel protagonista en este proceso de transformación, no solo como usuaria de las nuevas herramientas, sino también como garante de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. La modernización de la Justicia es un reto inaplazable y exige una estrategia integral que combine tecnología, formación y seguridad jurídica.
Santiago Carretero Sánchez
Profesor Titular de Filosofía del Derecho
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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