La Regulación de la Inteligencia Artificial en España: Nuevos Delitos y Obligaciones para el Sector Digital

 

La proliferación de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) ha generado un complejo escenario jurídico en el que los legisladores buscan equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales. En este contexto, el Gobierno español ha anunciado una reforma del Código Penal orientada a sancionar la difusión no autorizada de imágenes y audios falsificados mediante IA, con especial énfasis en la protección de menores. Esta iniciativa, junto con la obligación de etiquetar contenidos generados por IA, marca un punto de inflexión en la regulación del ecosistema digital en España.

1. Tipificación Penal de los Montajes con IA

La propuesta legislativa contempla la incorporación de nuevos tipos penales para sancionar la creación y difusión de contenidos manipulados digitalmente que atenten contra la integridad moral de las personas, en particular de menores. La iniciativa sigue la línea del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), el cual distingue entre usos permitidos, de alto riesgo y prohibidos de la IA. En este sentido, la criminalización de deepfakes maliciosos responde a la necesidad de combatir el uso ilegítimo de la IA para la desinformación, la extorsión y el ciberacoso.

El anteproyecto prevé sanciones que incluirían penas de prisión y multas económicas para quienes generen y distribuyan contenidos sintéticos sin consentimiento con intención de dañar. Además, se impone una responsabilidad agravada cuando la víctima sea menor de edad, lo que podría traducirse en penas privativas de libertad más severas y medidas de inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con la tecnología.

2. Obligación de Etiquetado de Contenidos Generados por IA

Otro eje central de la reforma es la imposición de una obligación general de etiquetar los contenidos generados por IA, una medida que pretende dotar de transparencia a la información distribuida en plataformas digitales. Esta exigencia busca mitigar los efectos de la desinformación y evitar confusiones sobre la autenticidad de los materiales audiovisuales.

Esta regulación se alinea con las disposiciones del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que impone obligaciones de diligencia a proveedores de contenido en línea, así como con el AI Act, que exige mecanismos de trazabilidad y verificabilidad en sistemas de IA de alto impacto social. La implementación de este marco regulatorio podría generar retos técnicos y jurídicos en la verificación de la autenticidad del contenido y en la definición de mecanismos de control efectivos para garantizar su cumplimiento.

3. Implicaciones para el Sector Digital y la Libertad de Expresión

Si bien estas medidas refuerzan la protección de los derechos de los ciudadanos, también plantean interrogantes sobre su compatibilidad con la libertad de expresión y el principio de neutralidad tecnológica. La obligación de etiquetado podría suponer una carga adicional para los creadores de contenido y los proveedores de servicios digitales, quienes deberán implementar sistemas de detección automática y mecanismos de verificación de autenticidad.

Además, el establecimiento de nuevos tipos penales podría generar conflictos en la delimitación de la responsabilidad penal de los operadores de plataformas digitales. En este sentido, será crucial determinar en qué medida estos actores pueden ser considerados partícipes en la comisión de delitos de difusión de deepfakes y qué mecanismos de control deben establecerse para evitar la aplicación desproporcionada de estas normas.

4. Conclusiones y Perspectivas de Futuro

La regulación de la IA en España se encuentra en un proceso de evolución acelerada, impulsada por los avances normativos de la Unión Europea y el impacto social de estas tecnologías. La reforma del Código Penal en materia de deepfakes y la obligación de etiquetar contenidos generados por IA suponen pasos significativos en la protección de los derechos digitales de los ciudadanos. No obstante, su aplicación práctica requerirá un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la preservación de un entorno digital innovador y libre.

Las próximas discusiones jurídicas en torno a la implementación de estas medidas deberán abordar cuestiones clave como la interoperabilidad de los sistemas de verificación, la proporcionalidad de las sanciones y la garantía de derechos fundamentales en el contexto digital. La consolidación de un marco normativo efectivo dependerá, en última instancia, de la colaboración entre legisladores, operadores del sector digital y expertos en ética tecnológica.

Santiago Carretero Sánchez
Profesor Titular de Filosofía del Derecho

Abogado