La Abogacía exige seguridad jurídica en la aplicación de los MASC como requisito de procedibilidad

 La Abogacía exige seguridad jurídica en la aplicación de los MASC como requisito de procedibilidad


Por Santiago Carretero Sánchez, Profesor de Teoría del Derecho y autor de La IA Jurídica: Marco teórico y estudio de casos (Colex, 2024).

La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal 1/2025 ha introducido la obligatoriedad de acudir a Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en asuntos civiles y mercantiles. Esta medida, aunque busca fomentar la resolución extrajudicial de conflictos, ha generado preocupación en la Abogacía debido a la disparidad de criterios en su aplicación.

Reclamación de la Abogacía para la Unificación de Criterios

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al Gobierno la unificación de criterios respecto a la nueva obligación de intentar una negociación extrajudicial antes de presentar una demanda. La preocupación radica en la interpretación desigual de estos requisitos por parte de los juzgados y Letrados de la Administración de Justicia, lo que genera inseguridad jurídica. Las discrepancias incluyen

  • La obligatoriedad de recurrir a un MASC según el tipo de procedimiento.
  • La forma de acreditar ante el juzgado el intento de conciliación o mediación previos.
  • El tratamiento de las medidas provisionales o cautelares solicitadas antes de completar ese trámite.
  • El alcance de las subsanaciones procesales cuando no se ha cumplido con dicho requisito.​

El ICAM ha remitido una carta al Ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, solicitando una actuación inmediata para unificar criterios interpretativos.

Propuestas de la Abogacía para Facilitar la Implementación de la Ley

Además, la Abogacía ha trasladado al Ministerio un decálogo con propuestas para facilitar la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal. Entre las recomendaciones destacan:​

  • Garantizar el acceso a los MASC para todos los ciudadanos.
  • Compensar a los letrados intervinientes y abonar las costas del proceso negociador.
  • Asegurar la plena confidencialidad de la actividad negociadora.
  • Promover una interpretación razonable del requisito de procedibilidad para evitar que se convierta en un obstáculo al acceso a la justicia.

Conclusión:  la implementación efectiva de los MASC como requisito de procedibilidad requiere una interpretación uniforme por parte de los operadores jurídicos. La Abogacía insta a las autoridades a establecer directrices claras que eviten la inseguridad jurídica y aseguren el acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos.​

 

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