¿Solución o Problema? El Debate sobre la Ley 1/2025 y los MASC

Santiago Carretero Sánchez 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Abogado

Desde el día de hoy se vive otro clima en los juzgados españoles. Las montañas de demandas civiles y mercantiles recibidas en estas semanas para evitar el requisito de procedibilidad y tener que ir a un MASC para intentar un acuerdo, van a dar paso a una cierta calma de unos días hasta que se activen esos asuntos. En medio de la polémica está la Ley 1/2025 que entra en vigor hoy y que está generando muchos debates, tanto a nivel de MASC como de los tribunales de instancia. No es un tema de la IA, pero sí un tema que afecta a todo el Derecho y, por tanto, volvemos a él.

Un jurista como es Ignacio López, que fue decano de los procuradores en Cataluña hasta el 2019, fija en 90.000 las demandas que están pendientes de reparto según los decanatos de Madrid y Barcelona. La cifra podría ser aún mayor si se habla de datos nacionales. Otro procurador en Madrid como es el caso de Roberto Granizo habla de casi 80 demandas diarias presentadas. “Los abogados nos dicen que irán a la conciliación judicial con el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) como MASC a utilizar. Una fórmula sin coste pero que ahora se tramita en unos seis meses”, apunta este jurista.

La Ley 1/2025 pretende descongestionar los tribunales mediante la implementación de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Sin embargo, su aplicación está generando incertidumbre y numerosos problemas prácticos. Uno de los principales inconvenientes es la falta de una guía clara y detallada sobre cómo deben proceder los operadores jurídicos y los ciudadanos para acogerse a estos mecanismos. Esta ausencia de directrices genera confusión y puede llevar a una interpretación desigual en diferentes juzgados y territorios.

La necesidad de los MASC y la falta de una Guía específica

El objetivo de los MASC es ofrecer una vía más ágil y menos costosa para la resolución de conflictos, reduciendo la carga de los tribunales y fomentando acuerdos satisfactorios para las partes. Sin embargo, sin una hoja de ruta clara que explique cómo deben implementarse estos procedimientos, el riesgo de colapso sigue presente. Muchos abogados y procuradores señalan que la falta de claridad en la normativa está obligando a recurrir a la vía judicial como única alternativa viable en la práctica.

Además, los ciudadanos, que en muchos casos desconocen la existencia de los MASC o su funcionamiento, podrían encontrarse en una situación de indefensión si no reciben la información adecuada. Los operadores jurídicos han advertido que sin campañas de concienciación y formación, la aplicación efectiva de la ley será difícil y desigual.

Problemas derivados de la falta de regulación clara

1. Retrasos y Bloqueos en la Aplicación de los MASC: Sin criterios uniformes, cada juzgado podría interpretar la ley de manera diferente, generando desigualdades y retrasos en los procedimientos.

2. Falta de Incentivos para los Abogados: Muchos profesionales del derecho siguen prefiriendo la vía judicial porque no existen incentivos claros ni una compensación económica adecuada por recurrir a los MASC.

3. Desconocimiento Generalizado: Sin campañas informativas ni formación específica para los operadores jurídicos, el uso de los MASC seguirá siendo residual.

4. Colapso de la Conciliación Judicial: La conciliación ante el LAJ se está viendo desbordada por la cantidad de solicitudes, lo que puede generar demoras similares a las que se intentan evitar.

5. Ausencia de Medidas de Seguimiento y Evaluación: No se han establecido mecanismos claros para medir el impacto de la Ley 1/2025 ni para corregir posibles deficiencias en su aplicación.

Conclusión

La Ley 1/2025 representa un avance en la modernización de la justicia, pero su implementación está revelando importantes carencias. Sin una guía detallada y mecanismos de apoyo, los MASC corren el riesgo de convertirse en un obstáculo en lugar de una solución. Es urgente que el Gobierno y las instituciones jurídicas desarrollen materiales explicativos, establezcan criterios uniformes y fomenten la formación para garantizar que estos mecanismos cumplan con su propósito: agilizar la justicia y ofrecer soluciones más accesibles a los ciudadanos.