Consulta pública sobre IA de alto riesgo: una fase decisiva para la aplicación efectiva del AI Act

 

Consulta pública sobre IA de alto riesgo: una fase decisiva para la aplicación efectiva del AI Act

Por Santiago Carretero Sánchez
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos. Abogado.

El pasado 28 de junio de 2025, la Comisión Europea abrió formalmente un proceso de consulta pública dirigido a operadores jurídicos, técnicos y sociales, con el objetivo de definir y precisar la aplicación práctica de las normas del AI Act a los llamados sistemas de alto riesgo (high-risk AI systems).

Esta consulta, que permanecerá abierta hasta septiembre de 2025, busca obtener aportaciones que permitan desarrollar los actos delegados y normas técnicas necesarias para garantizar una implementación efectiva, coherente y proporcionada de la regulación en uno de sus ámbitos más críticos.

Fuente oficial: Comisión Europea, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (digital-strategy.ec.europa.eu)

1. ¿Qué se entiende por “sistema de IA de alto riesgo”?

Según el artículo 6 del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), un sistema será considerado de alto riesgo si:

  • Está destinado a ser utilizado como componente de seguridad en productos regulados por legislación armonizada de la UE.
  • Figura en el Anexo III, que incluye sistemas aplicados a ámbitos como educación, empleo, crédito, justicia o control migratorio.

Esta clasificación conlleva la imposición de obligaciones específicas y exigentes para su desarrollo, comercialización y supervisión.

2. ¿Qué pretende esta consulta pública?

La Comisión desea recabar información para:

  • Clarificar criterios técnicos de clasificación.
  • Establecer umbrales de riesgo funcional y social.
  • Delimitar supuestos fronterizos.
  • Afina el alcance de las obligaciones de evaluación ex ante, documentación técnica y supervisión.

3. Implicaciones jurídicas y estratégicas

Desde la perspectiva del jurista, esta consulta representa un momento clave:

  • Determina el contenido efectivo de las obligaciones normativas.
  • Permitirá perfilar los límites entre usos permitidos, prohibidos o condicionados.
  • Inaugura una fase de regulación técnica subordinada.

4. Conclusión: participación experta y responsabilidad regulatoria

La consulta pública no debe entenderse como un trámite político, sino como una fase técnica vinculante. Los juristas especializados deben aportar criterios claros, verificables y jurídicamente sostenibles.

El éxito normativo del AI Act dependerá no solo de su texto, sino de la calidad de su desarrollo reglamentario.


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