Estados Unidos y la IA: vigilancia sin fronteras en la era de la desregulación

 

Estados Unidos y la IA: Vigilancia sin Fronteras en la Era de la Desregulación

En junio de 2025, Estados Unidos atraviesa una etapa crítica en la configuración de su política en torno a la inteligencia artificial (IA), especialmente en lo relativo a su utilización con fines de vigilancia. La actual administración ha promovido una desregulación radical del sector, debilitando marcos de protección previamente establecidos y ampliando el margen de acción de agencias estatales y empresas tecnológicas sobre datos personales y análisis automatizados.

Uno de los hitos más significativos ha sido la revocación, en enero de este año, de la Orden Ejecutiva 14110 firmada por el presidente Biden en 2023, que contenía directrices para el desarrollo ético y seguro de la IA. Esta orden promovía la creación de oficiales de IA en las agencias federales y mecanismos para garantizar la protección de derechos civiles. Su eliminación ha supuesto el desmantelamiento del marco regulatorio más avanzado hasta la fecha (Wikipedia, Executive Order 14110).

Paralelamente, el Congreso estadounidense ha tramitado una iniciativa legislativa que impondría una moratoria de diez años sobre las leyes estatales en materia de IA, prohibiendo a los estados legislar de forma autónoma. Aunque se enmarca en un intento por evitar una fragmentación legal que obstaculice la competitividad global del país, más de 260 legisladores estatales han denunciado que esta norma debilita la capacidad local de respuesta frente a los abusos tecnológicos (The Washington Post, 3 de junio de 2025).

En la práctica, esta desregulación ha facilitado la expansión de sistemas de vigilancia con escaso o nulo control judicial. Un caso emblemático es el de Texas, donde los lectores automáticos de matrículas (ALPRs) se han utilizado para rastrear a mujeres que viajan en busca de servicios de aborto legal. Estos dispositivos, desarrollados inicialmente para objetivos legítimos de seguridad vial, permiten ahora una geolocalización masiva y detallada de ciudadanos, afectando gravemente a su privacidad (The Guardian, 31 de mayo de 2025).

También preocupa el acceso que, según denuncias de la ACLU, estaría teniendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a bases de datos sensibles del Estado, incluyendo historiales médicos, datos financieros y registros de seguridad social. Todo ello mediante herramientas automatizadas de IA, sin auditorías independientes ni garantías para los ciudadanos (ACLU, junio de 2025).

Por su parte, las grandes tecnológicas han intensificado sus vínculos con el complejo industrial-militar. Meta, por ejemplo, ha desarrollado el casco EagleEye, que integra IA y realidad aumentada para el Ejército de EE. UU. Este proyecto ilustra cómo Silicon Valley ha abandonado el recelo hacia la industria de defensa en favor de alianzas estratégicas y lucrativas (The Washington Post, 29 de mayo de 2025).

Finalmente, líderes del sector como Sam Altman (OpenAI) han abandonado el discurso regulador que promovieron en 2023. Ahora defienden un enfoque liberal y desregulado, advirtiendo que las restricciones podrían frenar la hegemonía estadounidense frente a China en el ámbito de la IA (WIRED, mayo de 2025).

En conclusión, la actual estrategia de EE. UU. en materia de IA y vigilancia parece estar más orientada a maximizar la eficiencia y el control estatal que a proteger los derechos fundamentales. La falta de marcos normativos vinculantes, el poder desmedido de empresas privadas y el uso político de tecnologías predictivas suponen un riesgo estructural para la democracia. La cuestión no es solo si la IA puede vigilar, sino si el Estado de Derecho podrá aún limitar sus excesos.

Santiago Carretero Sánchez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho, URJC, Abogado