¿La IA generativa como antídoto o catalizador de desigualdades? Una reflexión jurídica imprescindible

 

¿La IA generativa como antídoto o catalizador de desigualdades? Una reflexión jurídica imprescindible

Por Santiago Carretero, Profesor Titular de Filosofía de URJC, Abogado
Entrada publicada el 15 de junio de 2025

En el artículo titulado “La IA generativa como potencial antídoto frente a la desigualdad”, publicado hoy por El País, el periodista Iñigo de Barrón aborda un ángulo decisivo del debate tecnológico contemporáneo: el impacto dual de la inteligencia artificial generativa sobre la desigualdad económica y social.

Desde una perspectiva jurídica, el análisis ofrece valiosas claves interpretativas sobre cómo esta tecnología puede funcionar como herramienta de inclusión o, por el contrario, como elemento de exclusión estructural, dependiendo del marco normativo y distributivo que se adopte.

Principales aportaciones del artículo

El texto identifica dos vectores principales:

  • La automatización como riesgo: La capacidad de la IA generativa para reemplazar tareas cognitivas complejas podría eliminar empleos cualificados, profundizando brechas entre quienes acceden a la tecnología y quienes quedan al margen.

  • El potencial democratizador: Si se orienta adecuadamente, la IA puede servir como mecanismo de nivelación. Por ejemplo, mediante sistemas de tutoría legal personalizada, acceso automático a jurisprudencia o traducción jurídica instantánea, abriendo el acceso al Derecho para capas sociales tradicionalmente excluidas.

Relevancia jurídica del debate

Desde el plano estrictamente normativo, el planteamiento del artículo permite reflexionar sobre los siguientes puntos:

  1. ¿Debe reconocerse el acceso a IA jurídica como un derecho fundamental?
    La eventual dependencia de herramientas de IA para acceder a información, defensa o resolución de conflictos impone la necesidad de abordar su universalización como un bien público.

  2. ¿Cómo evitar una justicia algorítmica excluyente?
    Si el diseño, entrenamiento y disponibilidad de estas tecnologías se deja exclusivamente al mercado, corremos el riesgo de consolidar una doble ciudadanía jurídica: una asistida por IA avanzada, otra desatendida.

  3. Responsabilidad del Estado: En un contexto donde la IA modifica condiciones materiales de acceso a derechos, corresponde al legislador garantizar un entorno de equidad digital, integrando la IA en políticas de acceso a la justicia.

Conclusión desde mi punto de vista: 

El artículo de Iñigo de Barrón plantea una pregunta crucial para los juristas:

¿La IA generativa va a reproducir la desigualdad o puede convertirse en una palanca de inclusión jurídica real?

El desafío no es sólo tecnológico, sino profundamente constitucional y político. La comunidad jurídica debe situarse en el centro de este debate, no como observadora, sino como agente normativo y garante de que los avances técnicos no se traduzcan en regresión de derechos.

🔗 Leer artículo original en El País

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