De la burocracIA a la inteligencIA pública: el salto digital de las Administraciones Públicas

Por Santiago Carretero Sánchez
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos
Abogado

1. Introducción: del expediente al algoritmo

La transformación digital de las Administraciones Públicas (AAPP) ha dejado atrás la fase de digitalización documental para adentrarse en una nueva era: la de la inteligencia institucional, basada en el dato, guiada por el Derecho y mediada por la inteligencia artificial (IA). Este tránsito no es meramente tecnológico, sino estructural, jurídico y ético.

La autora, Concepción Campos Acuña, propone una lectura estratégica del proceso, enmarcada en el cumplimiento del Reglamento Europeo de IA (RIA) y de la legislación nacional, como la Ley 15/2022, que regula el uso de IA en la toma de decisiones automatizadas en el sector público.

2. De la administración electrónica a la gestión inteligente del dato

La IA permite evolucionar desde una administración electrónica reactiva hacia una gestión pública predictiva y proactiva, centrada en el dato. Para ello, es imprescindible:

• Diseñar sistemas de gestión de la información.
• Garantizar la calidad, accesibilidad y estructuración del dato.
• Desarrollar políticas públicas de datos: open data, normalización semántica, marcos éticos y jurídicos.

El dato público se convierte en un activo estratégico, cuyo valor depende de cómo se recopila, conserva, relaciona y analiza. La IA permite extraer valor del dato bajo principios de legalidad, equidad y eficiencia.

3. El factor humano: competencias digitales y nuevos perfiles

La transformación digital exige una revisión profunda de los perfiles profesionales en la administración. El Marco de Competencias Digitales del INAP establece seis áreas clave, incluyendo alfabetización digital, seguridad y transformación digital.

En el contexto de la IA, se destacan tres líneas:

• Uso ético y responsable de la IA.
• Comprensión de sus principios y aplicaciones.
• Habilidades para el aprendizaje continuo y trabajo colaborativo.

4. Interoperabilidad y automatización: hacia una administración conectada

La interoperabilidad jurídica, semántica, técnica y organizativa es esencial para garantizar derechos, reducir tiempos y costes, y asegurar la trazabilidad y explicabilidad de las decisiones automatizadas.

Los sistemas deben dialogar entre sí, cruzar datos en tiempo real y permitir decisiones automatizadas con garantías jurídicas.

5. Gobernanza algorítmica: ética, legalidad y control institucional

La IA pública debe ser explicable, gobernable, justa y alineada con el interés general. Para ello, se requiere:

• Políticas de uso de IA.
• Códigos éticos.
• Supervisión humana efectiva (human in the loop).

6. Casos de uso relevantes: IA aplicada a la gestión pública

a) Predicción de fraude fiscal y subvenciones

Modelos como MINERVA y BRAVA permiten detectar conflictos de interés y prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas.

b) Chatbots jurídicos

Asistentes virtuales que orientan a la ciudadanía en trámites complejos, mejorando la eficiencia y el cumplimiento normativo.

c) Modelos predictivos para planificación

Ejemplo: Estrategia de movilidad 360 de Madrid, que usa IA para optimizar transporte y logística.

d) Clasificación automática de documentación jurídica

Uso de PLN para gestionar archivos administrativos, favoreciendo una gestión proactiva basada en el dato.

7. Carta de navegación hacia una inteligencIA pública

1. Diagnóstico institucional.
2. Gobernanza normativa.
3. Capacidades institucionales.
4. Pilotos y evaluación.
5. Transparencia y participación.

8. Conclusión: IA al servicio de lo público, guiada por el Derecho

La inteligencia artificial pública no consiste en aplicar tecnología por tecnología, sino en repensar el papel de lo público en la era algorítmica. Se trata de una apuesta por una inteligencia institucional que use la IA como herramienta para:

• Asegurar el libre ejercicio de los derechos.
• Mejorar la calidad de los servicios públicos.
• Optimizar la toma de decisiones.
• Garantizar legalidad, ética y participación.