De la percepción social a la coacción jurídica: tres vectores que reordenan el Derecho de la IA


 

De la percepción social a la coacción jurídica: tres vectores que reordenan el Derecho de la IA

Encuesta australiana, proyecto californiano contra sesgos y escrutinio a Meta por interacción con menores, con estas tres informaciones hacemos nuestra entrada docente de hoy 


Santiago Carretero Sánchez — Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos
blogdelaiaactual.blogspot.com · 19 de agosto de 2025

La jornada de hoy dibuja una triple palanca jurídico‑institucional para la gobernanza de la IA: (i) percepción y legitimidad social (Australia), (ii) normación sectorial con foco en igualdad y no discriminación (California), y (iii) protección reforzada de menores mediante escrutinio parlamentario y posibles remedios públicos (EE. UU./Meta). Esta entrada ofrece una lectura docente con lenguaje técnico, orientada a la práctica de la debida diligencia algorítmica y al cumplimiento normativo.

I · Diagnóstico normativo comparado

Australia (legitimidad regulatoria): la opinión pública exige un equilibrio entre innovación y tutela, lo que refuerza el principio de proporcionalidad y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en sistemas de alto impacto. La demanda social opera como presupuesto de regulatory legitimacy y habilita tests ex ante (auditorías de sesgo, EIDF) como deberes de compliance by design.

California (antidiscriminación algorítmica): el proyecto anti‑sesgos configura obligaciones de trazabilidad, supervisión humana efectiva y métricas de equidad, con posible burden‑shifting hacia proveedores ante indicios de efecto dispar. Se perfila un régimen de responsabilidad por falta de diligencia y deberes documentales para decisiones con efectos jurídicos relevantes.

EE. UU. / Meta (protección de menores): la investigación legislativa por interacciones de chatbots con menores justifica órdenes de cese, medidas cautelares, verificación robusta de edad y cláusulas de age‑appropriate design. En términos de tutela, procede una presunción iuris tantum de ilicitud cuando el sistema fomente vínculos pseudoafectivos con niños, activando responsabilidad administrativa y, en su caso, civil.

II · Propuesta de arquitectura regulatoria integrada

1) Prevención (ex ante): EIDF obligatoria, datasets representativos, benchmarking de sesgo con métricas públicas mínimas, registro de modelos y versiones en sectores sensibles, y safe‑harbor condicionado al cumplimiento verificable.

2) Control (in itinere): monitoring continuo, trazabilidad de entradas/salidas, human‑in‑the‑loop en decisiones con efectos jurídicos, notificación de incidentes y cooperación administrativa entre autoridades sectoriales y de protección de datos.

3) Reacción (ex post): tipificación de infracciones por falta de diligencia, publicidad engañosa o afectación a menores; graduación sancionadora por riesgo y daño; remedios de rectificación, despliegue condicionado o retirada; y acciones colectivas para reparación efectiva.

Cláusulas contractuales recomendadas: matriz de riesgos, auditorías independientes, obligación de facilitar evidence logs en entornos seguros, y régimen de responsabilidad escalonada entre desarrolladores, integradores y plataformas.

Conclusión docente

La confluencia de legitimidad social, antidiscriminación y tutela reforzada de menores demanda un régimen mixto que combine prevención técnica exigible, trazabilidad operativa y sanción eficaz. Lejos de antagonizar con la innovación, esta arquitectura crea condiciones de confianza —accountability— sin las cuales la IA carece de licencia social para operar.

Fuentes

© Santiago Carretero Sánchez. Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos. Publicado en blogdelaiaactual.blogspot.com. Si citas, enlaza esta entrada.

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