Italia se adelanta: la primera ley nacional de inteligencia artificial en la UE

 


Italia se adelanta: la primera ley nacional de inteligencia artificial en la UE

Santiago Carretero Sánchez, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Fecha de la entrada: 18 de septiembre de 2025 · Entrada docente y de análisis jurídico

Italia ha aprobado una norma nacional destinada a regular de forma integral la inteligencia artificial, convirtiéndose así en el primer Estado miembro de la Unión Europea que adopta una ley nacional de esta naturaleza. El texto legislativo pretende articular un marco de derechos y obligaciones interno que, sin perder de vista el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), responde con rapidez a riesgos emergentes en sectores sensibles.

Ámbito de aplicación y objetivos

La ley italiana se orienta a proporcionar normas de protección en ámbitos de alto riesgo —salud, educación, empleo y administración de justicia—, y a establecer mecanismos de supervisión, transparencia y responsabilidad para los desarrolladores y operadores de sistemas de IA. Entre sus objetivos declarados figuran la protección de derechos fundamentales, la preservación de la dignidad humana y la garantía de mercados competitivos y seguros.

Protección de menores: tope de edad y consentimiento

Una de las medidas más destacadas es la limitación del acceso a determinados servicios basados en IA para menores de 14 años, salvo con autorización paterna. Esta intervención combina razones de protección del menor con consideraciones relativas al tratamiento de datos personales y a la menor capacidad para discernir riesgos en entornos digitales.

Transparencia y supervisión humana

El texto consagra obligaciones de transparencia —información sobre la lógica, finalidad y riesgos de los sistemas— y exige la supervisión humana en decisiones automatizadas que afecten a derechos fundamentales. Esta exigencia pretende evitar la delegación indiscriminada de potestades decisorias a sistemas algorítmicos sin contrapesos humanos adecuados.

Régimen sancionador y prevención de usos ilícitos

La ley incorpora un régimen sancionador robusto frente a usos ilícitos de la IA, incluyendo la creación y difusión de deepfakes con ánimo de causar daño, la suplantación de identidad a través de tecnologías generativas y otros fraudes habilitados por algoritmos. La tipificación expresa facilita la persecución y la imposición de sanciones específicas, complementando la aplicación de tipos penales ya existentes.

Implicaciones para España y Derecho comparado

Desde la perspectiva comparada, la iniciativa italiana pone de manifiesto una doble estrategia: alineación con el derecho de la Unión y acción normativa nacional anticipada. Para España plantea interrogantes sobre la oportunidad de adoptar medidas análogas de alcance nacional —aprovechando el margen que permite el AI Act— o de mantener una espera hasta la entrada en vigor uniforme del Reglamento europeo. La experiencia italiana servirá sin duda como laboratorio jurídico para evaluar la eficiencia y proporcionalidad de medidas concretas.

La normativa italiana muestra que la regulación de la IA puede combinar protección efectiva de derechos con respuestas técnicas adaptadas a riesgos concretos, sin renunciar a la necesaria coordinación europea.

Reflexiones críticas y cuestiones abiertas

Entre las dudas que suscita la ley conviene destacar:

  • El desafío práctico de definir qué servicios concretos quedarían sujetos a la limitación de acceso para menores.
  • La tensión entre transparencia exigida y la protección de secretos empresariales o propiedad intelectual de modelos de IA.
  • La necesidad de reforzar capacidades administrativas y judiciales para fiscalizar cumplimiento y resolver conflictos técnicos.

Conclusión

La ley italiana constituye un hito en la regulación doméstica de la inteligencia artificial en Europa. Ofrece un marco ambicioso que atiende a preocupaciones tanto de protección individual como de orden público económico. Para la comunidad jurídica española, la norma italiana provee puntos de comparación valiosos y plantea la conveniencia de valorar respuestas nacionales que, respetando la arquitectura del AI Act, atiendan las particularidades sociales y jurídicas propias.

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