Entre la Diligencia Profesional y la IA Generativa: el deber de verificación en la práctica jurídica

 


Entre la Diligencia Profesional y la IA Generativa: el deber de verificación en la práctica jurídica

20 de octubre de 2025 — Autor: Santiago Carretero, Profesor Titular de Derecho y Transformación Digital (URJC)

Resumen. El Tribunal del Reino Unido ha impuesto el pago de wasted costs a una firma de abogados que citó en un proceso dos precedentes judiciales inexistentes, generados por un sistema de inteligencia artificial. El caso pone de manifiesto la necesidad de incorporar la verificación expresa de lo generado por herramientas de IA dentro del estándar de diligencia profesional.

1. El caso británico: una lección sobre confianza y verificación

El Tribunal del Reino Unido ha sancionado económicamente a una firma de abogados que, en un procedimiento contra Birmingham City University, incorporó a sus escritos procesales dos decisiones judiciales inexistentes producidas por un modelo generativo. La publicación del asunto en Legal Futures (20 de octubre de 2025) describe cómo un miembro del equipo, al utilizar un sistema de IA para la búsqueda y redacción de antecedentes, introdujo referencias que no existían en la jurisprudencia.

El tribunal no sancionó el uso de la IA per se, sino la ausencia de una verificación humana efectiva: la conducta fue valorada como falta de diligencia. La condena al pago de los costes procesales desperdiciados constituye, por tanto, un precedente relevante que conecta la responsabilidad profesional con los riesgos específicos de la automatización.

2. La responsabilidad profesional en la era de la automatización

La incorporación de sistemas de IA en la práctica jurídica ha transformado tareas tradicionales —búsqueda de jurisprudencia, elaboración de borradores, resúmenes doctrinales—, pero no ha eliminado la responsabilidad del profesional. En términos deontológicos, la conducta reseñada vulnera el deber de diligencia y competencia profesional: obligación de verificar, contrastar y certificar la veracidad de las fuentes presentadas ante un tribunal.

Desde una perspectiva comparada, y concretamente en el marco español, el artículo 41 del Estatuto de la Abogacía impone la obligación de actuar con diligencia, independencia y veracidad. En consecuencia, la utilización de IA sin controles adecuados no solo es imprudente, sino potencialmente disciplinable.

3. IA jurídica y deber de verificación: una nueva dimensión del estándar de diligencia

El estándar del “buen profesional” debe ampliarse para incorporar la llamada diligencia tecnológica. Esta exige que el abogado conozca los límites funcionales de las herramientas que emplea —sus tasas de error, sesgos potenciales, y la posibilidad real de generar contenidos inexactos o ficticios— y adopte procedimientos formales de verificación.

La diligencia tecnológica comprende, al menos, las siguientes obligaciones prácticas: documentación del origen de la información asistida por IA; comprobación manual de citas y referencias; registros de uso de herramientas y, cuando proceda, conservación de trazas (logs) que permitan auditar el proceso.

4. Dimensión ética y pedagógica: enseñar a dudar de la máquina

Una consecuencia directa del caso es la necesidad de reforzar la formación en alfabetización digital dentro de los planes docentes y de formación continua. No se trata de prohibir el uso de IA, sino de formar profesionales capaces de evaluar críticamente los resultados que estas herramientas generan.

La ética profesional adquiere, por tanto, una nueva veta: la responsabilidad por el uso de artefactos técnicos que aparentan autoridad textual. Enseñar a verificar es tan relevante hoy como enseñar a argumentar jurídicamente.

5. Conclusión: la confianza no sustituye la diligencia

El precedente británico evidencia que la práctica jurídica asistida por IA no reduce la carga de responsabilidad; por el contrario, la redimensiona. La exigencia de verificación, transparencia y control humano efectivo debe incorporarse a la práctica diaria y a los códigos deontológicos. El abogado que delega sin verificar vulnera la esencia misma de su función: la búsqueda verificada de la verdad procesal.

Reflexión: la tecnología puede aumentar la capacidad profesional, pero nunca suplantar la responsabilidad epistemológica del abogado.

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