Transparencia algorítmica y Derecho administrativo: lecciones del caso BOSCO
Transparencia algorítmica y Derecho administrativo: lecciones del caso BOSCO
La Administración pública ha empezado a delegar decisiones en sistemas algorítmicos; surge así una pregunta central: ¿cómo garantizar que decisiones asistidas o tomadas por inteligencia artificial sean transparentes y controlables?
La reciente sentencia 1119/2025 del Tribunal Supremo español, relativa al sistema BOSCO —empleado para evaluar proyectos financiados con fondos europeos— ofrece una respuesta rotunda: el código fuente debe hacerse público. Lejos de rebajar la obligación de transparencia cuando intervienen algoritmos, la obligación se eleva.
La Ley de Transparencia de 2013 ya reconocía el derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de la Administración. Con la incorporación de algoritmos, ese derecho se amplía: el código y la lógica que determinan decisiones públicas constituyen información pública. El Reglamento General de Protección de Datos alertó sobre riesgos de decisiones totalmente automatizadas sin supervisión humana significativa; la jurisprudencia española añade ahora que la opacidad tecnológica no puede justificar la denegación de información.
La consecuencia práctica es clara: la Administración debe auditar técnica y jurídicamente sus algoritmos, reforzar controles internos, asegurar trazabilidad y registros verificables, y publicar información comprensible para la ciudadanía. La insuficiente transparencia puede convertir actos administrativos basados en sistemas opacos en actos nulos.
Este patrón español se inserta en un debate internacional. Italia ha aprobado una ley integral de IA con obligaciones de transparencia para el sector público; en Estados Unidos, estados como California exigen divulgación de protocolos de seguridad de modelos de IA. La tendencia global repudia el secreto tecnológico cuando decisiones públicas afectan derechos fundamentales. Con la resolución BOSCO, España se sitúa a la cabeza al exigir un mayor escrutinio a la Administración frente a las empresas privadas.
En conclusión, la sentencia sobre BOSCO constituye un hito en la adaptación del Derecho administrativo a la era digital: la transparencia algorítmica deja de ser solo un principio y pasa a ser un requisito para sostener la confianza institucional. El reto próximo exige equilibrar innovación tecnológica con garantías democráticas —mediante jueces vigilantes, legisladores que clarifiquen marcos y operadores jurídicos formados para aplicarlos con rigor—.
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