¿Puede una IA ejercer como abogado? La respuesta normativa comienza a llegar desde Nueva York
¿Puede una IA ejercer como abogado? La respuesta normativa comienza a llegar desde Nueva York
El rápido desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial generativa ha abierto un debate jurídico de gran alcance: hasta qué punto estas tecnologías pueden intervenir en ámbitos tradicionalmente reservados a profesionales sujetos a regulación jurídica. Uno de los sectores donde esta cuestión adquiere mayor relevancia es el jurídico, dado que la prestación de asesoramiento legal está sometida en numerosos ordenamientos a requisitos de habilitación profesional, responsabilidad disciplinaria y control institucional.
En este contexto, el 6 de marzo de 2026 ha adquirido relevancia una iniciativa legislativa presentada en el Estado de Nueva York destinada a impedir que los sistemas de inteligencia artificial se presenten ante los usuarios como si fueran abogados u otros profesionales sometidos a licencia. La propuesta normativa busca evitar que los chatbots jurídicos induzcan a error a los ciudadanos respecto de la naturaleza del servicio que reciben y de la cualificación del sujeto que proporciona la información o el asesoramiento.
El elemento central del proyecto legislativo consiste en prohibir que los sistemas automatizados utilicen formulaciones o interfaces que puedan hacer creer al usuario que está interactuando con un profesional del Derecho. La iniciativa parte de una preocupación jurídica evidente: si un ciudadano confía en un sistema de inteligencia artificial creyendo que se trata de un abogado, puede adoptar decisiones jurídicas relevantes basadas en información incompleta, inexacta o fuera de contexto normativo.
Desde una perspectiva de Derecho profesional, el debate conecta directamente con la figura del ejercicio ilegal de profesiones reguladas. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, la prestación de asesoramiento legal exige titulación específica, colegiación y sometimiento a un régimen de responsabilidad profesional. Cuando un sistema de IA proporciona respuestas que orientan sobre derechos, obligaciones o estrategias procesales, surge inevitablemente la cuestión de si ese comportamiento puede considerarse una forma indirecta de prestación de servicios jurídicos.
La propuesta legislativa neoyorquina introduce además un elemento particularmente relevante desde el punto de vista de la tutela del consumidor: permitiría a los usuarios reclamar daños cuando hayan sido inducidos a error por sistemas de inteligencia artificial que aparenten ser profesionales licenciados. Con ello se pretende reforzar la transparencia tecnológica y trasladar parte del riesgo jurídico a los desarrolladores y proveedores de estos sistemas.
Este movimiento normativo refleja una tendencia regulatoria que comienza a observarse en diversos ordenamientos: la necesidad de delimitar con precisión el papel de la inteligencia artificial en sectores donde la confianza del usuario depende en gran medida de la cualificación profesional del prestador del servicio. En el ámbito jurídico, la cuestión no se limita a la exactitud de las respuestas generadas por la IA, sino que afecta a principios más profundos relacionados con la responsabilidad, la deontología profesional y la protección de los ciudadanos frente a asesoramientos potencialmente erróneos.
Desde la perspectiva europea, el debate resulta especialmente pertinente en el momento actual, marcado por la entrada en vigor progresiva del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Aunque dicha norma se centra fundamentalmente en la clasificación de riesgos y en las obligaciones de los proveedores de sistemas de IA, la cuestión del ejercicio profesional automatizado probablemente requerirá desarrollos normativos adicionales en los distintos ordenamientos nacionales.
La iniciativa legislativa de Nueva York constituye, por tanto, un ejemplo significativo de cómo los legisladores empiezan a afrontar un problema que previsiblemente se intensificará en los próximos años: determinar hasta qué punto la inteligencia artificial puede asistir en la práctica jurídica sin llegar a sustituir o simular la figura del profesional del Derecho.
Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
Comentarios
Publicar un comentario