Inteligencia artificial y responsabilidad patrimonial de la Administración: hacia una reconstrucción del daño público automatizado

Autor: Santiago  Carretero Sánchez, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos

La progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la actividad administrativa plantea un problema jurídico de primera magnitud: la adecuación del régimen clásico de responsabilidad patrimonial a decisiones total o parcialmente automatizadas. No se trata de una cuestión meramente tecnológica, sino de una transformación estructural del concepto de funcionamiento del servicio público y, en consecuencia, del sistema de imputación del daño.

1. Marco normativo y punto de partida

El artículo 106.2 de la Constitución Española establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Este mandato se desarrolla en la Ley 40/2015, cuyo artículo 32 configura un sistema objetivo de responsabilidad basado en la antijuridicidad del daño, la efectividad del perjuicio y la relación de causalidad.

La introducción de sistemas automatizados no altera formalmente estos elementos, pero sí tensiona su interpretación. En particular, la noción de “funcionamiento normal o anormal” adquiere una dimensión nueva cuando la decisión deriva de un sistema algorítmico entrenado con datos y no de una actuación humana directa.

2. Funcionamiento del servicio público en entornos algorítmicos

La doctrina tradicional ha vinculado el funcionamiento del servicio a la conducta administrativa. Sin embargo, en sistemas de inteligencia artificial, el resultado decisorio es fruto de múltiples factores: diseño del algoritmo, calidad de los datos, supervisión humana y contexto de aplicación. Esto obliga a replantear el concepto mismo de funcionamiento, que ya no puede identificarse exclusivamente con una actuación humana individualizable.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, el funcionamiento anormal podría proyectarse sobre defectos en el entrenamiento del sistema, sesgos en los datos o ausencia de mecanismos de control. Ello desplaza el análisis desde el acto administrativo concreto hacia el ciclo de vida completo del sistema de IA.

3. El nexo causal en decisiones automatizadas

Uno de los mayores desafíos reside en la determinación del nexo causal. La opacidad de muchos sistemas dificulta la trazabilidad de la decisión, lo que puede generar incertidumbre probatoria. No obstante, desde una perspectiva garantista, esta dificultad no puede trasladarse al administrado.

En consecuencia, resulta defendible una inversión o flexibilización de la carga de la prueba cuando la Administración utiliza sistemas complejos, en línea con el principio de facilidad probatoria y con una interpretación pro administrado del sistema de responsabilidad.

4. Supervisión humana y deber de diligencia reforzada

La utilización de inteligencia artificial no exime a la Administración de su deber de control. Antes al contrario, impone una obligación reforzada de supervisión. La idea de “human in the loop” no debe entenderse como una mera formalidad, sino como una garantía sustantiva de revisión crítica de la decisión automatizada.

La ausencia de supervisión efectiva podría constituir por sí misma un supuesto de funcionamiento anormal del servicio, especialmente cuando el sistema incide en derechos o intereses legítimos de los ciudadanos.

5. Consideración final

La responsabilidad patrimonial de la Administración en entornos de inteligencia artificial exige una reinterpretación de sus elementos clásicos sin necesidad de alterar su estructura normativa. El reto no es crear un nuevo régimen, sino adaptar el existente a una realidad tecnológica que complejiza la imputación del daño.

Desde una perspectiva doctrinal, el eje debe situarse en la protección del administrado, reforzando los estándares de control, transparencia y prueba. Solo así será posible mantener la coherencia del sistema en un contexto de creciente automatización decisoria.

Referencias (formato APA)

Constitución Española. (1978). Boletín Oficial del Estado.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado.

García de Enterría, E., & Fernández, T. R. (2017). Curso de Derecho Administrativo. Civitas.

Mir Puigpelat, O. (2001). La responsabilidad patrimonial de la Administración. Civitas.