La soberanía tecnológica europea toma forma: España invierte más de 430 millones de euros en inteligencia artificial y chips

Por Santiago Carretero Sánchez
Profesor Titular de Filosofía del Derecho.Universidad Rey Juan Carlos 

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales ejes de la competencia económica y tecnológica internacional. En este contexto, el Gobierno de España ha anunciado nuevas inversiones públicas superiores a los 430 millones de euros destinadas al impulso de la inteligencia artificial, la computación avanzada y el sector de los semiconductores. La medida se inserta dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas nacionales y europeas, en un momento en que la Unión Europea pretende reducir su dependencia de infraestructuras críticas desarrolladas fuera de su territorio.

La noticia resulta especialmente relevante desde una perspectiva jurídica porque pone de manifiesto que la regulación de la inteligencia artificial no puede entenderse de manera aislada. La aprobación del Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, constituye únicamente una parte de la respuesta europea al desafío tecnológico. Junto a las normas jurídicas es necesario desarrollar capacidades materiales, infraestructuras de computación, centros de investigación y empresas capaces de competir en un mercado global dominado actualmente por grandes actores tecnológicos estadounidenses y asiáticos.

Desde esta perspectiva, la inversión pública anunciada pretende reforzar la denominada «soberanía tecnológica europea», expresión que cada vez aparece con mayor frecuencia en los documentos estratégicos de la Unión Europea. No se trata únicamente de producir tecnología propia, sino también de garantizar que los sistemas esenciales para la economía, la administración pública y la seguridad colectiva puedan desarrollarse y mantenerse bajo estándares europeos de transparencia, protección de datos, seguridad y respeto a los derechos fundamentales.

La cuestión adquiere especial importancia en el ámbito de la inteligencia artificial. Los modelos avanzados requieren enormes capacidades de procesamiento y acceso a infraestructuras computacionales de alto rendimiento. Si Europa depende exclusivamente de proveedores externos para entrenar, desplegar o supervisar estos sistemas, la capacidad efectiva de aplicar sus propias normas jurídicas podría verse limitada. En otras palabras, la autonomía regulatoria exige también una cierta autonomía tecnológica.

El anuncio realizado por España debe interpretarse asimismo en el marco de otras iniciativas europeas, como el Reglamento Europeo de Chips (European Chips Act), los proyectos de supercomputación impulsados a través de EuroHPC y las políticas comunitarias destinadas a crear un ecosistema europeo de inteligencia artificial fiable y competitivo. La combinación entre regulación e inversión pública parece configurarse como la fórmula elegida por las instituciones europeas para afrontar los retos de la transformación digital.

Desde el punto de vista jurídico-político, esta evolución revela una tendencia cada vez más visible: la inteligencia artificial ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en una auténtica política pública estratégica. Los Estados ya no se limitan a regular el uso de estas herramientas, sino que participan activamente en la construcción de las infraestructuras que harán posible su desarrollo futuro. El Derecho, por tanto, no solo establece límites y garantías, sino que también contribuye a diseñar las condiciones institucionales necesarias para la innovación.

En definitiva, la inversión anunciada constituye un nuevo ejemplo de cómo la Unión Europea y sus Estados miembros intentan construir un modelo propio de desarrollo tecnológico basado en la innovación, la competitividad económica y la protección de los derechos fundamentales. La verdadera eficacia del AI Act dependerá, en buena medida, de que Europa disponga también de los recursos científicos, industriales y tecnológicos necesarios para sostener su autonomía digital en los próximos años.

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Referencias

Comisión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (AI Act). Diario Oficial de la Unión Europea, L 1689.

Comisión Europea. (2023). European Chips Act: A strategy to strengthen Europe's semiconductor ecosystem. Bruselas: Comisión Europea.

Gobierno de España. (2026). Nuevas inversiones estratégicas en inteligencia artificial, supercomputación y semiconductores. Madrid: Administración General del Estado.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2023). Reglamento (UE) 2023/1781 por el que se establece el marco para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (European Chips Act). Diario Oficial de la Unión Europea.