Del chatbot al agente jurídico: cuando la inteligencia artificial empieza a ejecutar el trabajo del jurista

 

Del chatbot al agente jurídico: cuando la inteligencia artificial empieza a ejecutar el trabajo del jurista

Santiago Carretero Sánchez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos, Abogado del ICAM

La inteligencia artificial aplicada al Derecho está entrando en una nueva fase. Durante los últimos años, la discusión se ha concentrado fundamentalmente en los sistemas generativos capaces de responder preguntas, resumir documentos, localizar información o redactar textos jurídicos. El cambio que comienza a producirse ahora es cualitativamente diferente: la aparición de agentes de inteligencia artificial concebidos no solamente para conversar con el profesional, sino para ejecutar determinadas tareas dentro de un flujo de trabajo jurídico. La diferencia no es meramente terminológica. Un chatbot proporciona una respuesta ante una petición; un agente puede recibir un objetivo, aplicar unos criterios, analizar un conjunto documental, producir una decisión operativa y dejar registrada la actuación realizada.

Una noticia conocida esta semana resulta especialmente ilustrativa. Casepoint ha anunciado dos agentes especializados integrados en su plataforma Casepoint IQ: un Relevance Determination Agent, destinado a determinar la relevancia o capacidad de respuesta de documentos dentro de un asunto, y un Issue Coding Agent, orientado a clasificar documentos conforme a cuestiones jurídicas, fácticas o investigativas previamente definidas. La compañía señala que ambos sistemas incorporan un proceso de análisis basado en varios modelos, mecanismos de comprobación, métricas de precisión y exhaustividad y supervisión humana antes de extender la ejecución al conjunto documental. Cada decisión humana o realizada por la inteligencia artificial queda, además, registrada en una trazabilidad de auditoría.

Lo verdaderamente interesante para el jurista no reside, sin embargo, en la concreta herramienta empresarial ni en sus prestaciones comerciales. La cuestión relevante es que comienza a cambiar la unidad básica de utilización de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico. Ya no hablamos únicamente de pedir a una IA que produzca un texto que posteriormente revisará el profesional. Hablamos de introducirla dentro de un procedimiento profesional en el que existen documentos, criterios de selección, decisiones sucesivas, controles de calidad y resultados que pueden tener consecuencias jurídicas. La IA comienza así a aproximarse a la estructura de una actividad profesional organizada. El paso del modelo conversacional al modelo agencial obliga, por tanto, a trasladar la discusión desde la calidad de la respuesta hacia la gobernanza de la actuación.

Este desplazamiento tiene una importancia particular en ámbitos como el eDiscovery, las investigaciones internas, el cumplimiento normativo o la preparación de procedimientos judiciales. En estos contextos, el problema no consiste únicamente en que una inteligencia artificial pueda equivocarse. También importa saber qué información recibió, qué criterios se utilizaron, qué documentos fueron examinados, qué decisiones produjo el sistema, qué controles se realizaron y quién asumió finalmente la responsabilidad de utilizar sus resultados. La trazabilidad deja de ser una característica tecnológica conveniente para convertirse en una condición de la propia defendibilidad del trabajo jurídico asistido por IA. Precisamente por ello, la arquitectura anunciada por Casepoint insiste en registrar las actuaciones de la IA y del ser humano, comprobar el rendimiento sobre muestras y mantener la validación humana en momentos críticos.

Aquí aparece una cuestión de Filosofía del Derecho particularmente relevante: ¿qué significa que una decisión jurídica sea atribuible a una persona cuando una parte significativa del proceso que conduce a ella ha sido ejecutada por un sistema algorítmico? No parece suficiente responder que siempre existe un ser humano situado al final del procedimiento. La responsabilidad jurídica exige algo más que una intervención formal. Requiere poder conocer razonablemente el proceso, controlar sus condiciones de funcionamiento y justificar la decisión adoptada. La llamada supervisión humana solo adquiere verdadero sentido jurídico cuando el profesional dispone de capacidad efectiva para comprender, verificar y, cuando sea necesario, rechazar el resultado producido por el sistema.

Esta cuestión resulta todavía más importante porque los agentes jurídicos especializados se presentan precisamente como sistemas capaces de asumir tareas concretas y repetitivas dentro de procedimientos complejos. La ventaja potencial es evidente: descargar al profesional de determinadas operaciones documentales y permitirle concentrar su actividad en aquellas funciones que exigen interpretación jurídica, estrategia, argumentación y decisión. Pero esa división del trabajo introduce también una nueva exigencia metodológica. El jurista tendrá que saber identificar qué tareas pueden ser delegadas a un agente, qué información puede suministrársele, qué parámetros deben establecerse, qué resultados deben verificarse y en qué momento la intervención humana deja de ser una supervisión genérica para convertirse en una verdadera decisión profesional.

La cuestión conecta directamente con la idea de IA jurídicamente defendible. Una herramienta puede ser técnicamente sofisticada y, sin embargo, resultar jurídicamente problemática si no permite reconstruir su actuación. Por el contrario, una arquitectura que registre decisiones, mantenga controles de acceso, permita verificar resultados y preserve la intervención humana ofrece mejores condiciones para incorporar la automatización a actividades sometidas a exigencias profesionales y regulatorias. Casepoint presenta precisamente sus agentes bajo esta lógica de trazabilidad, validación y control, no simplemente como sistemas destinados a generar respuestas.

El debate que se abre es, por ello, mucho más profundo que la tradicional discusión sobre si la inteligencia artificial sustituirá o no al abogado. El problema inmediato es diferente: qué partes del razonamiento y de la actividad jurídica pueden ser ejecutadas por agentes artificiales y bajo qué condiciones debe conservarse la decisión profesional humana. El futuro próximo probablemente no estará caracterizado por una sustitución completa del jurista, sino por una progresiva redistribución de tareas entre profesionales y sistemas inteligentes. El jurista tendrá que aprender a trabajar con agentes del mismo modo que anteriormente aprendió a trabajar con bases de datos jurídicas, gestores documentales y sistemas de información.

La aparición de agentes jurídicos especializados obliga así a reformular la competencia digital del profesional del Derecho. Ya no basta con saber formular buenos prompts o utilizar correctamente una herramienta generativa. Será necesario comprender flujos de trabajo agénticos, establecer criterios de validación, evaluar resultados, interpretar registros de actividad y determinar cuándo una decisión producida por una máquina puede ser incorporada legítimamente al trabajo profesional. En otras palabras, la alfabetización en inteligencia artificial comienza a transformarse en una verdadera competencia metodológica del jurista.

La noticia de estos nuevos agentes resulta especialmente significativa porque coincide, además, con un debate específico sobre gobernanza de la IA en los equipos jurídicos. Hoy, 24 de septiembre, Casepoint celebra un seminario dedicado precisamente a determinar qué deben definir los departamentos jurídicos antes de que la IA entre en procesos de discovery, investigaciones, litigación y respuestas regulatorias. Entre las cuestiones planteadas figuran la identificación de los ámbitos en los que la IA debe intervenir, los límites de la supervisión humana y la necesidad de establecer mecanismos de validación, trazabilidad y responsabilidad.

El paso del chatbot al agente jurídico representa, en definitiva, un cambio de paradigma en la relación entre inteligencia artificial y Derecho. La pregunta decisiva ya no es solamente qué puede contestar una IA, sino qué puede hacer dentro de un procedimiento jurídico, con qué información, siguiendo qué reglas, bajo qué controles y con qué régimen de responsabilidad. En ese tránsito, la excelencia profesional no dependerá de delegar más funciones en la máquina, sino de saber diseñar correctamente la relación entre automatización y decisión humana. El verdadero jurista digital no será quien permita que la IA haga más cosas, sino quien sea capaz de determinar con precisión qué cosas puede hacer, cuáles debe supervisar y cuáles continúan siendo indelegablemente humanas.

Referencias

Casepoint. (2026, 23 de septiembre). Casepoint expands Casepoint IQ with first purpose-built AI agents.

Casepoint. (2026, 9 de septiembre). Casepoint launches Casepoint IQ, the intelligence foundation powering agentic and assistive AI across its unified platform.

LawFuel. (2026, 24 de septiembre). Casepoint joins the agentic AI race as legal tech moves beyond the chatbot.