LA FACULTAD DE DERECHO ANTE LA IA: FORMAR JURISTAS PARA UNA PROFESIÓN QUE YA HA CAMBIADO

 

LA FACULTAD DE DERECHO ANTE LA IA: FORMAR JURISTAS PARA UNA PROFESIÓN QUE YA HA CAMBIADO

Santiago Carretero Sánchez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad ante una transformación profesional irreversible

La inteligencia artificial está obligando a las Facultades de Derecho a replantearse una cuestión que hasta hace muy poco podía parecer estrictamente metodológica: qué significa aprender Derecho cuando una herramienta tecnológica es capaz de localizar información jurídica, resumir resoluciones, comparar argumentos, redactar documentos y formular respuestas con una rapidez difícilmente alcanzable mediante los procedimientos tradicionales. La cuestión ha adquirido especial actualidad en septiembre de 2026. Un reciente análisis de Reuters señala que diversas Facultades de Derecho estadounidenses han modificado durante este verano sus políticas sobre inteligencia artificial, adoptando soluciones diferentes: desde restricciones muy severas al uso de ordenadores y teléfonos en las aulas hasta la introducción de formación específica y modelos que permiten determinados usos de la IA. El fenómeno no es marginal: una base de datos elaborada por Suffolk University reúne actualmente las políticas sobre IA de 180 Facultades de Derecho estadounidenses.

Lo verdaderamente relevante, sin embargo, no es determinar si una Facultad permite o prohíbe una determinada herramienta. El problema académico es de mayor profundidad. La inteligencia artificial modifica el contexto en el que se produce el aprendizaje jurídico y, por consiguiente, obliga a revisar qué conocimientos, destrezas y capacidades intelectuales debe adquirir el estudiante de Derecho. Una enseñanza jurídica rigurosa no puede limitarse a preservar artificialmente un método de trabajo anterior a la aparición de estas tecnologías, del mismo modo que tampoco puede aceptar que la herramienta tecnológica sustituya el proceso de formación intelectual del estudiante. El problema consiste en establecer una relación pedagógica jurídicamente responsable entre conocimiento, tecnología y juicio crítico.

La respuesta institucional que están ofreciendo algunas Facultades resulta especialmente significativa porque empieza a abandonar la falsa alternativa entre prohibición absoluta y utilización indiscriminada. La política académica de Columbia Law School para el curso 2026-2027, por ejemplo, parte expresamente de que la IA ya forma parte del estudio y de la práctica profesional del Derecho. Su regulación permite establecer un marco para su utilización académica y mantiene como elemento central la responsabilidad intelectual del estudiante sobre el trabajo que presenta. La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en determinar si se ha utilizado inteligencia artificial, sino en preservar la autoría intelectual, la integridad académica y la capacidad del estudiante para responder jurídicamente de aquello que entrega.

De la prohibición de la herramienta a la formación del criterio jurídico

Esta evolución plantea una cuestión esencial para la enseñanza del Derecho. La universidad no debe formar estudiantes capaces únicamente de producir textos jurídicos, porque una parte creciente de esa producción puede ser asistida o incluso realizada materialmente por sistemas de inteligencia artificial. Debe formar juristas capaces de comprender, analizar, contrastar, argumentar y decidir. La diferencia es sustancial. Si un estudiante recibe de una IA una respuesta jurídicamente correcta pero no puede explicar por qué es correcta, qué fuentes la sustentan, qué interpretación alternativa podría defenderse o qué límites presenta, el problema no reside únicamente en la utilización de la tecnología. El problema es que no se ha producido el aprendizaje jurídico que la actividad universitaria pretende garantizar.

Por ello, la inteligencia artificial puede convertirse paradójicamente en un instrumento para recuperar una dimensión esencial de la enseñanza jurídica: el razonamiento. Una práctica docente bien diseñada puede pedir al estudiante que utilice una herramienta de IA para obtener una primera aproximación a un problema y, posteriormente, obligarle a identificar las normas utilizadas, localizar las fuentes originales, verificar las resoluciones judiciales citadas, descubrir posibles errores, formular argumentos contrarios y justificar finalmente una posición jurídica propia. En este modelo, la IA no constituye el resultado de la actividad académica, sino uno de los materiales sobre los que se desarrolla el aprendizaje. El estudiante deja de ser un mero receptor de una respuesta automatizada y se convierte en su auditor jurídico.

Esta metodología presenta además una ventaja decisiva: permite evaluar capacidades que la generación automática de textos no puede sustituir por sí misma. La identificación de una norma aplicable, la jerarquización de fuentes, la interpretación sistemática, la distinción entre hechos y valoraciones, la construcción de una argumentación contradictoria y la capacidad para defender oralmente una conclusión continúan dependiendo de una formación intelectual propiamente jurídica. Precisamente por ello, cuanto más eficiente sea la IA para producir un primer resultado, mayor importancia adquiere la capacidad del jurista para controlar ese resultado.

La American Bar Association lleva tiempo identificando esta transformación. Su Task Force on Law and Artificial Intelligence ha señalado que las Facultades de Derecho están teniendo que desarrollar nuevas aproximaciones educativas y que no basta con enseñar a utilizar herramientas de IA: también es necesario comprenderlas y abordar sus implicaciones jurídicas y éticas. Una encuesta de la propia ABA publicada anteriormente ya mostraba una incorporación significativa de la IA en los planes y actividades formativas de las Facultades de Derecho estadounidenses.

El nuevo objetivo: formar juristas tecnológicamente competentes sin reducir el Derecho a tecnología

La cuestión adquiere especial relevancia en España y en el espacio jurídico europeo. La transformación de la profesión jurídica hace cada vez menos sostenible una separación rígida entre formación jurídica y formación tecnológica. Pero tampoco sería correcto convertir las Facultades de Derecho en centros de formación instrumental sobre determinadas aplicaciones comerciales. Las herramientas cambiarán, los modelos se sucederán y las interfaces desaparecerán con rapidez. Lo que debe permanecer es la competencia jurídica para utilizar críticamente esas herramientas.

La alfabetización en inteligencia artificial del jurista debería comprender, por ello, varias dimensiones inseparables. El futuro profesional debe conocer qué puede hacer un sistema de IA y qué no puede garantizar; debe comprender el problema de las respuestas falsas o insuficientemente fundamentadas; debe saber localizar y verificar las fuentes jurídicas; debe conocer las consecuencias de introducir información confidencial en determinados sistemas; debe comprender los problemas relativos a protección de datos, propiedad intelectual y secreto profesional; y, sobre todo, debe conservar la capacidad de asumir personalmente la responsabilidad de la decisión jurídica. La tecnología puede participar en el proceso de trabajo, pero no convierte en automática la responsabilidad profesional.

Aquí reside probablemente el principal desafío para la enseñanza universitaria del Derecho durante los próximos años. No se trata de enseñar menos Derecho porque exista inteligencia artificial, sino de enseñar Derecho de una manera que permita al futuro jurista trabajar correctamente en un entorno en el que la inteligencia artificial será una herramienta ordinaria. La pregunta pedagógica deja de ser «¿cómo evitamos que el estudiante utilice IA?» para convertirse en otra mucho más exigente: «¿cómo conseguimos que el estudiante sea jurídicamente competente cuando utiliza IA?».

Esta transformación afecta también a la evaluación. Un examen basado exclusivamente en la producción escrita puede resultar cada vez menos adecuado para medir determinadas competencias si el estudiante dispone de herramientas capaces de generar respuestas elaboradas. Eso no significa que los ejercicios escritos hayan perdido valor, sino que deben complementarse con actividades que permitan comprobar comprensión, argumentación y dominio efectivo de las fuentes. La defensa oral de un trabajo, la resolución de un caso con documentación jurídica verificable, la crítica razonada de una respuesta generada por IA o la comparación entre distintas soluciones jurídicas pueden adquirir una importancia creciente. La evaluación universitaria debe medir conocimiento y criterio, no únicamente capacidad de producir texto.

La cuestión, en definitiva, no es tecnológica sino profundamente universitaria. La Facultad de Derecho tiene que decidir qué clase de jurista quiere formar en una sociedad en la que la inteligencia artificial participa ya en buena parte de los procesos profesionales. La respuesta no debería consistir ni en una confianza ingenua en la tecnología ni en su rechazo como elemento extraño al aprendizaje jurídico. El camino pasa por integrar la IA dentro de una metodología que mantenga en el centro la lectura jurídica, la argumentación, la contrastación de fuentes, la deliberación y la responsabilidad intelectual.

La experiencia que comienza a consolidarse en las Facultades de Derecho estadounidenses ofrece, por ello, un material de reflexión de primera magnitud para la universidad europea. Algunas instituciones están restringiendo el uso de dispositivos para preservar determinadas formas de aprendizaje; otras están regulando expresamente la IA y otras incorporan formación específica sobre estas tecnologías. No existe todavía un modelo uniforme, y precisamente esa diversidad revela que estamos ante una etapa de experimentación institucional.

Pero hay una conclusión que parece difícilmente discutible: la inteligencia artificial ya no es una cuestión externa a la formación jurídica. Forma parte del contexto profesional en el que nuestros estudiantes ejercerán el Derecho. La universidad no debe preparar al jurista para un mundo anterior a la IA, sino enseñarle a conservar aquello que hace jurídicamente valiosa su intervención en un mundo en el que la IA estará cada vez más presente: conocimiento, método, juicio, argumentación y responsabilidad.

Notas

1. Reuters. (2026, 21 de septiembre). From laptop bans to new tech courses, US law schools grapple with AI. Reuters.

2. Columbia Law School. (2026). 2026–2027 Default Academic Policy on Student Use of Artificial Intelligence. Columbia University.

3. American Bar Association. (2026). AI and Legal Education. ABA Task Force on Law and Artificial Intelligence.