La inteligencia artificial que todo jurista e investigador debería incorporar a su práctica profesional

 

La inteligencia artificial que todo abogado debería incorporar a su práctica profesional

La aparición de múltiples herramientas de inteligencia artificial está modificando progresivamente la forma en que los abogados investigan, analizan documentos, preparan escritos y organizan su trabajo. Sin embargo, la cuestión verdaderamente relevante no consiste en acumular aplicaciones, sino en saber qué herramienta resulta adecuada para cada problema jurídico. Las dos infografías que sirven de punto de partida permiten precisamente ordenar este nuevo ecosistema desde una perspectiva eminentemente práctica.

En primer lugar, herramientas generalistas como ChatGPT, Claude o Gemini pueden actuar como instrumentos de razonamiento y elaboración. Su utilidad no reside en sustituir el criterio jurídico del profesional, sino en ayudar a estructurar los hechos, identificar cuestiones controvertidas, formular argumentos y contraargumentos, construir cronologías o trabajar sobre documentos. El abogado sigue siendo quien determina la relevancia jurídica de la información, verifica las fuentes y adopta finalmente la decisión.

Un segundo ámbito particularmente importante es el análisis de documentación jurídica. Aquí adquieren especial interés herramientas capaces de trabajar con documentos extensos, comparar versiones contractuales, localizar cláusulas, detectar diferencias y organizar grandes volúmenes de información. Claude, por ejemplo, puede resultar especialmente útil en documentos largos, mientras que NotebookLM permite construir un espacio de consulta sobre un conjunto determinado de fuentes aportadas por el propio usuario. Esta última posibilidad resulta especialmente interesante para expedientes, legislación, jurisprudencia, informes y materiales doctrinales.

Pero existe una cuestión que, desde una perspectiva jurídica, merece una atención especial: la investigación jurisprudencial no puede reducirse a obtener una respuesta aparentemente correcta. Herramientas como Perplexity pueden facilitar la localización de sentencias y referencias mediante búsquedas con citas, pero la información obtenida debe conducir siempre a la fuente primaria. La inteligencia artificial puede proporcionar una excelente ruta de investigación; no puede convertir una referencia no comprobada en jurisprudencia fiable. La consulta de la sentencia original, su fecha, órgano, número de recurso y contexto resulta indispensable.

Esta distinción permite establecer una regla fundamental para el uso profesional de la IA: la herramienta puede acelerar la investigación, pero la autoridad jurídica continúa estando en la fuente oficial. En el ámbito del Derecho, una respuesta bien redactada no es necesariamente una respuesta jurídicamente válida. La calidad del resultado depende de la calidad de las fuentes, de la correcta formulación del problema y, sobre todo, de la capacidad del jurista para verificar críticamente aquello que la máquina proporciona.

De la investigación a la gestión del despacho

Las infografías muestran además una segunda transformación que considero especialmente relevante. Una vez terminada la fase estrictamente intelectual de investigación, aparecen las soluciones LegalTech orientadas a la gestión de la actividad jurídica.

Sistemas como Litigando o LegalSuite LATAM representan una evolución diferente: ya no se trata simplemente de preguntar a una IA, sino de integrar tecnología en la propia organización del despacho. Seguimiento de expedientes, vigilancia judicial, alertas, documentos, plazos, contratos, tareas, clientes, permisos o informes pueden quedar incorporados a un sistema organizado.

Aquí aparece una diferencia esencial entre IA jurídica y LegalTech. La primera puede contribuir directamente al razonamiento, análisis y producción de contenidos; la segunda persigue fundamentalmente que la actividad profesional quede estructurada, automatizada y trazable. Ambas tecnologías pueden complementarse, pero no cumplen exactamente la misma función.

El futuro inmediato del ejercicio profesional parece dirigirse precisamente hacia esa combinación: IA para pensar, investigar y preparar; LegalTech para organizar, ejecutar y controlar.

El abogado no necesita cincuenta herramientas

Probablemente la conclusión más interesante de estas propuestas no sea el número de aplicaciones mencionadas, sino la necesidad de abandonar una determinada concepción del aprendizaje tecnológico. El abogado no necesita convertirse en experto en decenas de plataformas. Necesita comprender qué problema jurídico o profesional quiere resolver y qué herramienta ofrece mejores condiciones para hacerlo.

Un esquema razonable podría ser:

ChatGPT para estructurar y desarrollar ideas, analizar problemas y preparar borradores.

Claude para trabajar con documentación extensa y realizar análisis comparativos.

Gemini para investigación y trabajo conectado con determinados ecosistemas documentales y productivos.

Perplexity para localizar información y abrir rutas de investigación que posteriormente deben verificarse en las fuentes originales.

NotebookLM para consultar y relacionar un conjunto cerrado de documentos aportados por el profesional.

Y, finalmente, las soluciones LegalTech, para convertir todo ese trabajo intelectual en procedimientos organizados dentro del despacho.

La cuestión decisiva, por tanto, no es aprender a utilizar todas las herramientas disponibles. Es construir un sistema de trabajo jurídico asistido por inteligencia artificial, en el que cada tecnología tenga una función concreta y el abogado conserve en todo momento el control intelectual del proceso.

Una nueva competencia profesional

La verdadera competencia digital del jurista no consistirá en saber escribir muchas instrucciones para una IA. Consistirá en formular correctamente el problema jurídico, seleccionar la herramienta apropiada, proporcionar fuentes adecuadas, evaluar críticamente el resultado y verificarlo antes de utilizarlo profesionalmente.

En este sentido, la inteligencia artificial no elimina el criterio jurídico: lo hace todavía más importante. Cuanto más capaz sea la máquina de generar textos, argumentos y respuestas aparentemente convincentes, mayor será la responsabilidad del jurista a la hora de distinguir entre una elaboración lingüísticamente correcta y una conclusión jurídicamente fundada.

Por eso, más que hablar de las «IA que debe utilizar todo abogado», quizá deberíamos hablar de una nueva arquitectura del trabajo jurídico. Investigar mejor, analizar más documentación en menos tiempo, localizar jurisprudencia con mayor precisión, organizar los expedientes y automatizar tareas repetitivas son objetivos perfectamente compatibles con una concepción humanista del Derecho, siempre que la tecnología permanezca subordinada al razonamiento jurídico y a la responsabilidad profesional.

La IA puede ampliar extraordinariamente la capacidad de trabajo del abogado. Pero la decisión jurídica, la valoración de la prueba, la interpretación normativa y la responsabilidad por el resultado continúan perteneciendo al jurista.

Santiago Carretero Sánchez, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos.