Responsabilidad profesional y uso de inteligencia artificial en la práctica forense

 

Responsabilidad profesional y uso de inteligencia artificial en la práctica forense

Santiago Carretero Sánchez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos

La inteligencia artificial ha entrado definitivamente en el trabajo jurídico. Ya no constituye una herramienta experimental ni una cuestión reservada a los grandes despachos: sirve para localizar normas, resumir resoluciones, comparar argumentos, preparar escritos y realizar investigaciones jurídicas. Pero precisamente cuando su utilización comienza a integrarse en la práctica profesional aparece una cuestión que no puede resolverse con una simple advertencia tecnológica: ¿quién responde cuando la inteligencia artificial proporciona información jurídica falsa y el profesional la incorpora a un escrito judicial?

La respuesta que empiezan a ofrecer los tribunales es clara: la utilización de inteligencia artificial no desplaza la responsabilidad del abogado.

El caso resulta especialmente significativo. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias impuso en julio de 2026 una multa de 840 euros a un letrado después de detectar en un recurso de apelación al menos 25 referencias jurisprudenciales inexistentes o que no guardaban relación con las alegaciones formuladas. Algunas de las citas aparecían atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional y estaban presentadas como auténticas referencias jurisprudenciales. La Sala consideró que no se trataba simplemente de un error material, sino de una actuación incompatible con los deberes profesionales de diligencia y con la buena fe procesal.

De la “alucinación” de la IA a la responsabilidad del jurista

El concepto tecnológico de “alucinación” resulta útil para describir el comportamiento de determinados sistemas generativos, pero jurídicamente es insuficiente. Una inteligencia artificial no puede asumir la responsabilidad profesional derivada de la presentación de un escrito ante un tribunal. La responsabilidad se desplaza hacia quien utiliza la herramienta, selecciona su resultado y decide incorporarlo al proceso. Esta diferencia es esencial.

El problema no consiste realmente en que una IA pueda inventar una sentencia. El problema jurídico aparece cuando un profesional acepta como verdadera esa información sin realizar las comprobaciones que exige el ejercicio de su profesión.

La jurisprudencia reciente empieza a construir, de este modo, un principio que puede adquirir una importancia considerable: la utilización de IA introduce una obligación reforzada de supervisión, no una reducción del deber de diligencia. En el ámbito jurídico esto resulta particularmente evidente. Una referencia jurisprudencial no es un elemento decorativo de un escrito. Puede constituir el fundamento de una pretensión, de una oposición o de una determinada interpretación normativa. Una cita inexistente puede alterar la argumentación, inducir a error al tribunal y afectar a la credibilidad profesional del abogado. El TSJ de Canarias ya había sancionado en febrero de 2026 otro supuesto en el que un abogado incorporó a un recurso numerosas sentencias falsas generadas mediante IA. En aquel caso la multa fue de 420 euros, después de que el profesional reconociera los hechos y mostrara arrepentimiento. El tribunal destacó entonces la importancia de la supervisión humana y del estándar de diligencia exigible al profesional de la abogacía. La repetición de estos episodios cambia la naturaleza del problema. Ya no estamos ante una anécdota relacionada con los primeros errores de ChatGPT. Estamos ante el nacimiento de una nueva cuestión deontológica y procesal: cómo debe utilizarse responsablemente una herramienta capaz de producir textos jurídicamente verosímiles pero materialmente falsos.

El abogado no puede delegar su responsabilidad en el algoritmo

Aquí aparece una cuestión de mayor profundidad. La incorporación de IA a la abogacía no debería significar una sustitución de la actividad intelectual del jurista, sino una transformación de su metodología de trabajo. El abogado puede delegar determinadas tareas instrumentales en una herramienta tecnológica, pero no puede delegar en ella su responsabilidad profesional. Esto exige una nueva cultura de verificación.Una investigación jurídica asistida por IA debería incorporar, como mínimo, una comprobación individual de las normas, resoluciones y referencias utilizadas; la identificación de la fuente original; la comprobación de su vigencia y autenticidad; y una evaluación crítica de su verdadera relación con el caso. La regla podría formularse de una manera muy sencilla:

IA para buscar, ordenar y proponer; jurista para comprobar, valorar y decidir.Esta regla adquiere todavía mayor importancia cuando se utilizan sistemas generalistas. El hecho de que una respuesta esté redactada con extraordinaria precisión lingüística no significa que sea jurídicamente correcta. La apariencia de autoridad constituye precisamente uno de los principales riesgos. El abogado del futuro no será, por tanto, quien prescinda de la IA, sino quien sepa utilizarla sin abandonar las obligaciones propias de la profesión. Y esto tiene también una dimensión pedagógica. Las facultades de Derecho deberán enseñar algo más que el funcionamiento técnico de estas herramientas. Será necesario formar al futuro jurista en la verificación de resultados, trazabilidad de las fuentes, detección de errores, protección de información confidencial y responsabilidad derivada de la utilización de sistemas generativos. La cuestión ya no es si el jurista utilizará inteligencia artificial. La cuestión es si sabrá responder jurídicamente por lo que haga con ella. La inteligencia artificial puede redactar una sentencia inexistente en pocos segundos. Pero todavía corresponde al abogado decidir si esa sentencia entra o no en un escrito judicial. Y ahí comienza, precisamente, la responsabilidad profesional.

Referencias

Noticias Jurídicas (2026, 30 de julio). Multado un abogado por presentar un recurso con al menos 25 sentencias inexistentes. Consultar la noticia y resolución referenciada

Cadena SER (2026, 29 de julio). Sancionado un abogado que usó la IA para un recurso con citas jurídicas inexistentes. Consultar la información

AMAFI (2026, 10 de septiembre). Jornada sobre responsabilidad penal del abogado ante el uso de la inteligencia artificial. Información sobre la jornada

Noticias Jurídicas (2026, 4 de junio). El TSXG abre una pieza por “mala fe procesal” contra un abogado por el uso sin verificar de IA en un recurso. Consultar el caso del TSXG