La pugna competencial en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos
La pugna competencial en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos
Dos noticias recientes permiten constatar un problema jurídico de fondo en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos: el conflicto entre la pretensión federal de uniformar el marco normativo y la voluntad de los Estados de mantener estándares propios de protección, especialmente en ámbitos sensibles.
La reacción del gobernador de California frente a la orden ejecutiva presidencial orientada a desplazar las leyes estatales de IA no es meramente política. Desde un punto de vista constitucional, reabre el debate sobre los límites de la preemption federal cuando no existe una ley del Congreso que establezca un régimen integral de la inteligencia artificial. En ausencia de esa base legislativa, la capacidad del poder ejecutivo para neutralizar normas estatales resulta jurídicamente discutible.
Este conflicto se manifiesta con especial intensidad en el sector sanitario. Varios Estados han aprobado normas que imponen obligaciones de transparencia, supervisión humana y protección frente a sesgos algorítmicos en el uso de sistemas de IA en salud. Estas regulaciones se apoyan en competencias tradicionalmente estatales y en la necesidad de salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la no discriminación.
La tensión entre ambos niveles normativos revela una cuestión estructural: si la regulación de la inteligencia artificial debe priorizar la homogeneidad del mercado o la tutela efectiva de las personas frente a riesgos tecnológicos. En sectores de alto impacto como la sanidad, la respuesta jurídica difícilmente puede ser neutral o meramente desreguladora.
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