La evaluación de los derechos fundamentales entra en fase operativa en el Reglamento europeo de IA

 

La evaluación de los derechos fundamentales entra en fase operativa en el Reglamento europeo de IA

Santiago Carretero Sánchez

Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial contiene una previsión que merece una atención especial: la obligación de evaluar el impacto que determinados sistemas de alto riesgo pueden producir sobre los derechos fundamentales. Su artículo 27 establece una exigencia que, hasta ahora, permanecía pendiente de adquirir una configuración práctica suficientemente definida.

El pasado 16 de noviembre de 2026, la Comisión Europea dio un paso significativo en esa dirección al publicar un proyecto de cuestionario y una nota explicativa para facilitar la elaboración de estas evaluaciones. La iniciativa ha sido preparada por la Oficina Europea de Inteligencia Artificial con aportaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No estamos ante una nueva disposición normativa, sino ante el desarrollo de un instrumento destinado a hacer operativa una obligación ya contemplada en el Reglamento.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027. Asimismo, las organizaciones interesadas en probar el proyecto de cuestionario con sus propios sistemas pueden manifestarlo antes del 4 de diciembre de 2026.

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La cuestión tiene un alcance más delimitado de lo que podría parecer inicialmente. El artículo 27 no obliga a cualquier organización que utilice inteligencia artificial a realizar esta evaluación. Se refiere a determinados responsables del despliegue: organismos de Derecho público, entidades privadas que prestan servicios públicos y quienes utilizan sistemas de alto riesgo en determinados ámbitos financieros, como la evaluación de la solvencia de personas físicas o la valoración de riesgos y fijación de precios en seguros de vida y salud.

Su aplicación al ámbito educativo también merece atención. El anexo III del Reglamento considera de alto riesgo determinados sistemas utilizados para decidir el acceso o la admisión a instituciones educativas, evaluar resultados de aprendizaje, determinar el nivel educativo adecuado o controlar conductas prohibidas durante los exámenes. Ello no significa que cualquier herramienta de inteligencia artificial utilizada por un profesor o un estudiante tenga automáticamente esa clasificación. Es necesario atender a su finalidad prevista y al contexto concreto de utilización.

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La evaluación deberá identificar los procedimientos en los que se utilizará el sistema, su frecuencia de aplicación, las personas y colectivos afectados, los riesgos específicos, las medidas de supervisión humana y las actuaciones previstas cuando se produzcan daños. También contempla mecanismos de gobernanza interna y reclamación. No se trata, por tanto, de examinar exclusivamente la calidad técnica del producto, sino las consecuencias jurídicas de su utilización en un contexto determinado.

Existe, además, una precisión normativa relevante. La evaluación del impacto sobre los derechos fundamentales no debe confundirse con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos del artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, la redacción modificada del artículo 27.4 permite incorporar referencias a las partes pertinentes de esta última evaluación, evitando duplicidades cuando determinadas exigencias ya hayan sido satisfechas. Es una solución razonable, aunque no convierte ambas evaluaciones en instrumentos jurídicamente idénticos.

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Conviene tener presente, asimismo, el calendario. Tras la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2026/1744, las obligaciones relativas a los sistemas de alto riesgo comprendidos en el anexo III, entre ellas la del artículo 27, serán aplicables desde el 2 de diciembre de 2027. La consulta que acaba de abrirse prepara su cumplimiento, pero no adelanta esa fecha.

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A mi juicio, el interés de esta iniciativa reside en que obliga a trasladar la protección de los derechos fundamentales al momento anterior a la utilización del sistema. La organización no debería limitarse a justificar posteriormente una decisión automatizada: tendrá que anticipar sus posibles consecuencias, identificar a quienes pueden resultar perjudicados y establecer mecanismos efectivos de supervisión y reclamación.

El riesgo, como sucede con otros instrumentos de cumplimiento normativo, es que la evaluación termine reducida a un cuestionario formal. Su verdadera utilidad dependerá de que exista un examen jurídico individualizado y no una mera acumulación de respuestas administrativas. La protección de los derechos fundamentales exige algo más que documentar riesgos: requiere que los resultados de esa evaluación puedan modificar las condiciones de utilización del sistema o impedir su despliegue cuando las garantías resulten insuficientes.

La inteligencia artificial entra así en una etapa en la que la responsabilidad de quien la utiliza adquiere una importancia creciente. La cuestión no es solamente qué puede hacer un sistema, sino qué consecuencias produce sobre las personas y qué responsabilidad asume la organización que decide incorporarlo a sus procedimientos.

Referencias normativas y documentales (APA 7)

1. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Diario Oficial de la Unión Europea, L, 12 de julio de 2024, especialmente artículos 6 y 27 y anexo III. Texto oficial.

2. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2026). Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Diario Oficial de la Unión Europea, L, 24 de julio de 2026. Texto oficial.

3. Comisión Europea. (2026, 16 de noviembre). La Comisión solicita información sobre el proyecto de modelo para la evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales en el marco del Reglamento de Inteligencia Artificial. Comunicación oficial y documentación del proyecto.

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