La inteligencia artificial también consume territorio: el nuevo desafío jurídico de los centros de datos
La inteligencia artificial también consume territorio: el nuevo desafío jurídico de los centros de datos
Santiago Carretero Sánchez
Profesor titular de Filosofía del Derecho
Universidad Rey Juan Carlos
El 6 de noviembre de 2026, el Consejo de Estado examinó el proyecto de Real Decreto destinado a regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos en España. La iniciativa merece atención porque introduce una cuestión que suele quedar en segundo plano cuando se habla de inteligencia artificial: la tecnología digital necesita recursos físicos, consume electricidad, utiliza agua y ocupa suelo.
La expansión de los sistemas de inteligencia artificial requiere una capacidad de computación cada vez mayor. Los centros de datos se han convertido en infraestructuras esenciales para entrenar modelos, ejecutar aplicaciones, almacenar información y prestar servicios digitales. Sin embargo, su crecimiento plantea un problema que no es exclusivamente tecnológico. También afecta a la política energética, a la ordenación territorial, a la protección ambiental y a la distribución de los recursos públicos.
La pregunta jurídica es importante: ¿hasta dónde puede llegar el Estado al imponer condiciones ambientales y energéticas a las instalaciones que hacen posible la economía digital?
El proyecto español: energía, agua y acceso a la red
El Ministerio para la Transición Ecológica presentó en agosto de 2026 un proyecto normativo dirigido a establecer condiciones específicas para los centros de datos. Entre sus principales objetivos se encuentran mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto sobre los recursos hídricos, impulsar el consumo de electricidad renovable y reforzar la resiliencia y soberanía digital.
Una de las medidas más llamativas es la exigencia de que estas instalaciones cubran, en los términos previstos por el proyecto, al menos el 80 % de su consumo eléctrico mediante energía renovable. El planteamiento inicial incorpora criterios de adicionalidad y correlación horaria: no bastaría con acreditar que se han adquirido certificados o contratos de electricidad renovable, sino que habría que demostrar una correspondencia entre el consumo y la generación renovable.
También se contemplan exigencias de eficiencia energética e hídrica y obligaciones de información sobre sostenibilidad. La propuesta toma como referencia los indicadores europeos de rendimiento de los centros de datos, entre ellos el Power Usage Effectiveness, relativo a la eficiencia energética, y el Water Usage Effectiveness, relacionado con el consumo de agua.
No estamos ante una norma definitivamente aprobada. El texto ha pasado por el procedimiento de audiencia pública y ha llegado al Consejo de Estado. Por tanto, sus previsiones deben entenderse como contenido de un proyecto reglamentario, susceptible de modificaciones antes de su aprobación definitiva.
El acceso a la electricidad como cuestión jurídica
Uno de los aspectos más interesantes del proyecto consiste en vincular el cumplimiento de determinadas condiciones ambientales con el acceso y la conexión a las redes eléctricas.
Esta decisión tiene una trascendencia que supera el funcionamiento interno de los centros de datos. La capacidad de las redes es limitada y debe atender demandas industriales, residenciales, comerciales y de transporte. Cuando una instalación digital solicita una gran potencia eléctrica, su incorporación puede afectar a la disponibilidad de recursos para otras actividades económicas y sociales.
El proyecto pretende que la asignación de esa capacidad no responda únicamente a criterios técnicos o económicos, sino que incorpore también consideraciones de sostenibilidad y contribución al sistema energético.
Aquí aparece un problema de Derecho administrativo y económico: ¿qué criterios permiten establecer prioridades entre actividades que compiten por un recurso escaso?
La respuesta no puede depender de una preferencia genérica por la tecnología o por una determinada actividad empresarial. Debe apoyarse en criterios objetivos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios. También debe garantizar que las condiciones exigidas estén relacionadas con la finalidad ambiental perseguida.
No se trata de impedir la instalación de centros de datos, sino de evitar que su desarrollo genere costes ambientales o energéticos que terminen soportando otros usuarios del sistema.
La cuestión conecta con los principios del Derecho ambiental europeo y con el principio de integración de las exigencias medioambientales en las restantes políticas públicas. El artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que las exigencias de protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar el desarrollo sostenible. Esta perspectiva resulta especialmente relevante en el ámbito de la inteligencia artificial. La innovación tecnológica no puede evaluarse únicamente por su capacidad de generar productividad, nuevos servicios o ventajas competitivas. También deben considerarse sus costes materiales y sus efectos sobre los recursos naturales. La Directiva (UE) 2023/1791, relativa a la eficiencia energética, incorpora obligaciones de seguimiento e información sobre el rendimiento energético de los centros de datos. Su desarrollo se encuentra conectado con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, que establece un sistema europeo de indicadores para evaluar su sostenibilidad. El proyecto español pretende avanzar desde la información y la medición hacia un modelo en el que determinados requisitos ambientales puedan condicionar el acceso a la infraestructura energética. Este paso merece una valoración jurídica cuidadosa. La protección del medio ambiente constituye una finalidad legítima, pero las restricciones a la actividad económica deben respetar las exigencias de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y libre competencia.
El proyecto incorpora también una dimensión que merece atención: la soberanía digital. No basta con que Europa y España dispongan de centros de datos si carecen de capacidad suficiente para garantizar la continuidad de sus servicios, proteger sus infraestructuras y mantener un control adecuado sobre las condiciones de funcionamiento.
La autonomía tecnológica no puede reducirse a la titularidad de los servidores ni a su localización geográfica. También importan la gestión de las instalaciones, las relaciones de dependencia tecnológica, la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.
Ahora bien, la soberanía digital tampoco debería utilizarse como justificación para establecer barreras injustificadas a la competencia o para favorecer arbitrariamente a determinados operadores. Su legitimidad depende de que las exigencias se encuentren debidamente justificadas y sean compatibles con el Derecho europeo.
Existe, además, una tensión que conviene no ignorar. Europa quiere atraer inversiones en inteligencia artificial y desarrollar una infraestructura digital propia, pero esa expansión debe convivir con sus compromisos climáticos, energéticos y ambientales. No sería coherente promover una economía digital competitiva a costa de trasladar sus costes materiales a los territorios y a los consumidores.
La regulación de los centros de datos demuestra que el Derecho de la inteligencia artificial no puede limitarse a examinar algoritmos, modelos, datos personales o derechos de autor. También debe prestar atención a las infraestructuras materiales que hacen posible su funcionamiento.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre innovación, disponibilidad energética, protección ambiental y autonomía tecnológica. No será suficiente con exigir a los operadores que cumplan determinados porcentajes o que presenten informes de sostenibilidad. Será necesario establecer mecanismos de evaluación fiables, criterios de acceso objetivos y procedimientos de supervisión que permitan comprobar el cumplimiento real de las obligaciones.
La cuestión de fondo es también una cuestión de justicia distributiva: quién utiliza los recursos energéticos, quién obtiene los beneficios de la infraestructura digital y quién soporta sus costes ambientales.
La inteligencia artificial suele presentarse como una tecnología inmaterial. Sin embargo, detrás de cada modelo existen instalaciones, redes eléctricas, sistemas de refrigeración y recursos naturales. El Derecho debe ocuparse también de esa realidad.
El futuro digital no puede construirse al margen de los límites físicos del territorio y de la energía disponible. La innovación será verdaderamente sostenible cuando su desarrollo tecnológico resulte compatible con las responsabilidades ambientales y con una distribución razonable de los recursos.
Referencias normativas y documentales
Consejo de Estado. (2026, 6 de noviembre). Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Dictamen núm. 1041/2026. Consulta del expediente en el Consejo de Estado.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2026, 27 de agosto). El Gobierno plantea impulsar los centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos. Información oficial y documentación del proyecto.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2026). Audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Expediente normativo.
Unión Europea. (2012). Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, C 326, 47-390. EUR-Lex.
Unión Europea. (2023). Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética. EUR-Lex.
Comisión Europea. (2024). Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un sistema común de clasificación de la Unión para los centros de datos. EUR-Lex.
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